No permitirá que realicen artilugios como en Baja C

La titular de la Secretaria de Gobernación (SEGO), Olga Sánchez Cordero, debe pronunciarse con claridad sobre el caso de Baja California, por la decisión del Congreso local de ampliar de dos a cinco años el periodo para el cual fue electo Jaime Bonilla, en un acto violatorio de la Constitución de ese estado.

La Senadora Beatriz Paredes Rangel, calificó de ilegal e inadmisible las reformas al marco normativo constitucional, al tiempo que pidió que la secretaria de Gobernación fije su posición de manera oficial, como ya lo hizo como Ministra en Retiro, respecto asunto de sumo interés nacional.

Aseguró la senadora priista que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión ya fijó posicionamiento avalado por todos sus integrantes, cuya representación está conformada por diputados y senadores de todos los partidos políticos y cuyo voto favorable fue emitido de forma unánime ante esta acción inadmisible del Congreso local de Baja California.

Precisó que trata de una recomendación categórica, contundente, en el marco de sus facultades políticas, pero recordó también que existen otras atribuciones de carácter jurídico mucho más consistentes, mucho más rígidas. Advirtió que si quienes manipularon este proceso no son capaces de reflexionar, es muy probable que se llegue a extremos no deseables.

Señaló que no permitirá que se realicen estos artilugios para modificar el marco de Derecho establecido. Por eso, llamó a la responsable de la política interna del país a pronunciarse de manera oficial y dejar clara su posición en este caso.

Respecto a las declaraciones del subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, quien se manifestó también a título personal a favor de las modificaciones constitucionales, “está absolutamente desinformado…seguramente esa declaración la hizo en momentos de profunda distracción” que incluso le mereció un desmentido por la ex Ministra Sánchez Cordero

Paredes Rangel sostuvo que los cambios legales de ninguna manera pueden ser retroactivos, “acciones como esta son una falta de respeto al sentido común, y sobre todo al marco constitucional que nos rige, a la vida de la legalidad con la que deben conducirse los gobernantes y los dirigentes políticos”, puntualizó.