SEP debe garantizar no las cuotas escolares

La Secretaría de Educación Pública (SEP), y a sus homólogas locales, deben de garantizar el cumplimiento de la prohibición de exigir cuotas o pago alguno para el ingreso e inscripción a los planteles educativos, conforme lo establecido en la Constitución y en la Ley General de Educación.

La diputada Raquel Bonilla Herrera (Morena), aduce que, a pesar de los avances normativos, los cobros son una constante en las instituciones públicas de nivel básico, las cuales oscilan entre cien hasta los dos mil pesos.

Mencionó que el cobro de cuotas en las escuelas públicas se observa con mayor frecuencia al inicio del ciclo escolar, pues “los padres de familia sufren por la exigencia de cuotas disfrazadas de voluntarias, que se cobran bajo la condición de recaudación por concepto de inscripción o de ingreso y para el mantenimiento de la infraestructura de la escuela”.

Bonilla Herrera destacó que, según la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), las familias invierten entre mil 800 a dos mil 700 pesos, al inicio de cada ciclo escolar, por hijo inscrito en el sistema nacional de educación.

“Este gasto en ocasiones afecta a las finanzas de las familias, por ello es necesario promover campañas para un consumo informado e inteligente que permita tomar las mejores decisiones para proteger su economía y evitar abusos. Además, 9 de cada 10 padres de hogares han pagado alguna vez cuotas escolares de carácter voluntario, de ese universo el 76 por ciento cree que el cobro de las mismas es obligatorio”, añadió.

Puntualizó que el deterioro de las escuelas no debe ser motivo para exigir pago alguno o cobro de cuota. Según datos del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, con la rehabilitación que se realizó de 14 mil planteles en el periodo 2015-2017, más las 19 mil escuelas que se rehabilitarán en 2018 se estará llegando a la meta de 33 mil.

La secretaria de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, Urbano, Ordenamiento Territorial y Movilidad expuso que los retos en materia educativa son innumerables, pero deben ser enfrentados de manera conjunta entre autoridades educativas y padres de familia, respetando y garantizando en todo momento el acceso.

Se pronunció por garantizar el ejercicio irrestricto del derecho a la educación, por ser el principal factor para alcanzar mejores niveles de desarrollo social, económico y humano de la niñez y jóvenes del país.