Analizan desafío Michoacán revertir la crisis de violencia

Como casi siempre sucede, un latigazo violento nos deja ver –o nos recuerda– la persistente debilidad de las instituciones de seguridad de una entidad federativa, como Michoacán.

El pasado 27 de mayo, pobladores del municipio de La Huacana desarmaron y retuvieron a militares después de que dos habitantes de esa comunidad resultaran lesionados en un operativo militar.

El día anterior, integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación habían atacado a la policía municipal de Zamora: mataron a cuatro elementos y lesionaron a ocho más.

Indudablemente hay un pico de violencia en el estado como ya sucedió a mediados de 2016, finales de 20917 y octubre de 2018.

En el transcurso de la actual administración, de octubre de 2015 a mayo de 2019, se contabilizaron 5 mil 565 homicidios dolosos. Este número equivale a 127 asesinados cada mes.

El panorama delictivo es complejo. Para empezar, está el porcentaje de delitos cometidos con arma de fuego, que roza el 70%.

Y para continuar, para los delitos de secuestro y extorsión en Michoacán hay una cifra negra enorme (la incidencia que no se registra, pues).

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2018, la cifra negra para la extorsión fue de 98.3%, mientras que la de secuestro obtiene un porcentaje similar.

Esto quiere decir que esas tres víctimas de extorsión bien podrían convertirse en 176 –o una tasa de 3.79 por 100 mil–.

Aunque quizá el mayor motivo de preocupación tiene que ver con el hecho de que todo el dinero que ha recibido el estado (vía subsidios) para fortalecer su seguridad no ha dado los resultados adecuados, ni en los municipios en los que se ha concentrado, como se muestra en la siguiente gráfica: