Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

Senadores, especialistas y representantes de organizaciones sociales, hicieron un llamado para ratificar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

El presidente del Senado de la República, Martí Batres Guadarrama, destacó que el discurso de los derechos humanos puede ser profundamente ideológico si no encuentra los instrumentos para su materialización.

En el Conversatorio sobre el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, subrayó que el sistema internacional para la defensa de los derechos humanos, fundamental en la política exterior de nuestro país, requiere de mecanismo de protección y vigilancia especializados

De otro modo, acotó, “las instancias internacionales podrían correr el riesgo de ser puntos de referencia éticos y morales, con un gran conocimiento de las realidades sociales, pero con poca incidencia en la injusta realidad social de muchas de nuestras naciones”.

Dijo que los Estados que son parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales han declarado que para asegurar sus propósitos es necesarios dotar a su comité de atribuciones que lo hagan un mejor mecanismo de protección.

Se trata, agregó el senador, de que puedan recibir, atender y analizar comunicaciones individuales y de los Estados parte, así como atender violaciones sistemáticas de los derechos económicos, sociales y culturales. El Protocolo, acotó, abriría un espacio para la protección de derechos humanos complementarios en otras instancias

Martí Batres afirmó que con este conversatorio el Senado de la República abre hoy sus puertas para el análisis y diálogo, que orienten ciertas tareas legislativas sobre los derechos humanos de trascendencia social.

“Consideramos que esta puede ser una buena etapa, porque el discurso social tienen una ubicación central en el discurso del actual gobierno de la República y del actual Poder Legislativo.

Jesús Peña Palacios, representante adjunto en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, expresó que esta instancia “valora positivamente que el Senado intente que haya avances en la ratificación del Protocolo”.

Los tratados internacionales, enfatizó, han sido fundamentales para ampliar el espacio de los derechos humanos, porque son una herramienta para quienes los defienden, una guía para las autoridades sobre su implementación y una esperanza para las victimas de los derechos humanos.

La senadora Xóchitl Gálvez Ruiz asentó que en la Cámara de Senadores “hay causas que no tienen partido”. Adelantó que impulsa una reforma constitucional para reconocer a los pueblos indígenas como sujetos de derecho.

Actualmente, señaló, una comunidad no puede reclamar los diseños textiles que se han apropiado algunas empresas porque no cuentan con personalidad ni identidad jurídica para hacerlo.

A su vez, Jorge Carmona Tinoco, Sexto Visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, indicó que el Estado debe fortalecer medidas cautelares para dar respuesta a los planteamientos en materia de derechos humanos de la sociedad. “Nos sumamos a este esfuerzo y consideramos que esta ratificación sea en beneficio de los derechos humanos, económicos, sociales, culturales y ambientales”, destacó

El investigador de la UNAM, Rodrigo Gutiérrez Rivas aseveró que entre más garantías habrá mayores posibilidades de que un derecho se materialice y se cristalice. En el campo de los derechos humanos se debe entender cuáles serían las mejores vías que acompañarían a las políticas y normas de un país para poder enfrenar las condiciones de pobreza y desigualdad.

En el Conversatorio, también participaron, entre otros, Laura Elisa Pérez Gómez, investigadora en el Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM; Carlos Ventura Callejas, coordinador General del Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P”. A.C.; Pablo Yanes Rizo, coordinador de investigaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL); y Areli Sandoval Terán, del Espacio de Promoción de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales e integrante de la Alianza Mexicana contra el fracking.