Mesa de trabajo de especialistas, funcionarios y representantes

En el centro de toda acción de gobierno está la protección y salvaguarda de la vida humana. Ante los fenómenos naturales recientes y su cotidianeidad se ha puesto especial énfasis en ello, por lo que estamos a favor de la gestión integral para los riesgos y la protección civil, cruciales para el desarrollo económico, social, cultural y moral de los ciudadanos.

Senador Cristóbal Arias Solís, dijo lo anterior en la reunión de trabajo en conferencia para la redacción del Proyecto de la iniciativa de la Ley general para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres y de Protección Civil, donde se abordó el tema de derechos humanos, el legislador de Morena, recordó que en la reforma aprobada en 2011, en materia de derechos humanos se estableció la obligación de las autoridades de proteger, promover, respetar y garantizar los derechos humanos bajo principios de universalidad independencia, indivisibilidad y progresividad.

El presidente de la Comisión de Gobernación agregó que la protección civil y el nuevo enfoque proactivo que se busca no es ajeno al mandato la reforma, donde también se introdujo el principio pro persona, para que las normas relativas a los derechos humanos se interpreten de conformidad con la Constitución y tratados internacionales de la materia en favor de la protección más amplia.

El objetivo de la mesa temática Derechos Humanos, es reconocer qué derechos humanos deben reconocerse y salvaguardarse en el Proyecto de ley, subrayó la diputada presidenta de la Comisión de Protección Civil Prevención de Desastres, Nancy Claudia Reséndiz Hernández.

Se está trabajando adecuadamente para hacer de México un país preventivo y no reactivo. Al tiempo que reconoció que de 2 mil 400 municipios, solo 370 cuenten con atlas de riesgos, por lo que es necesario trabajar en conjunto para que a través de coordinación y capacitación se logre un mayor preparación y prevención para la salvaguardar los derechos humanos de la población.

En su intervención, el doctor Daniel Rodríguez Velázquez, de la UNAM, expuso el Proyecto de Investigación Protección Civil y Derechos Humanos, enfocado en la gestión integral de Riesgo de Desastre, donde planteó fortalecer a la sociedad mexicana y recuperar el sentido público de la actuación institucional, y consolidar la capacidad de intervención de los organismos autónomos.

Al mismo tiempo, propuso definir y aplicar estrategias y proyectos integrales, enfocados en las condiciones regionales y locales de vulnerabilidad, así como considerar los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA), como base de intervención.

Además, dijo, se debe incorporar la organización, participación y capacitación vinculada con acciones específicas de gestión de riesgos de desastres; conocer y aprender de experiencias internacionales; y promover investigaciones interdisciplinarias reconociendo la cultura y saberes populares y ciudadanos en la reducción del riesgo de desastres.

Así como, incluir en programas de protección civil y cambio climático el compromiso para la observancia y respeto de derechos humanos, capacitar a servidores públicos de todas las escalas jerárquicas en materia de los DESCA, así como incorporar el concepto de dignidad de las personas, y lo relacionado con personas fallecidas, desaparecidas y desplazadas.

A la mesa de trabajo asistieron representantes de la Secretaría de Marina, Centro Nacional de Prevención de Desastres, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Dirección General para la Gestión de Riesgos, Coordinación Nacional de Protección Civil, IMSS, entre otros.

Así como de Protección Civil y Bomberos, Investigadores de la UNAM, Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos en Protección Civil, Inmujeres, Inapam, Conagua, Fondo de Población de las Naciones Unidas en México, Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de Personas con Discapacidad, Protección Civil de Michoacán, Programa de Acción Humanitaria Oxfam México, y de la Organización Fondos Semillas.

Entre las propuestas destacan el fortalecimiento y actualización de los Atlas de Riesgos; establecer los derechos humanos como elemento transversal y núcleo duro para los actores y respondientes de la gestión integral de riesgo y la protección civil; definir órdenes de prioridad, en primera instancia para niñas, niños y adolescentes, sin discriminación alguna; salvaguardar el conjunto de derechos de las personas, para disminuir la probabilidad de daños.

Además, incluir el derecho a una vivienda sin riesgos, a la vida ante un riesgo inminente, así como fortalecer el derecho a ser informado; agregar nuevos enfoques de vulnerabilidad en materia de migrantes; establecer sanciones para el incumplimiento de las disposiciones de la ley; incluir la perspectiva de género y el lenguaje inclusivo.