Aplicar extinción de dominio a bienes inmuebles que destruyan sellos de clausura

Las alcaldías se han visto rebasada por cártel inmobiliario que se ha dedicado a violar las leyes, construyendo unidades habitacionales con más pisos estipulados por el uso de suelo, destruir sellos de clausura sin que alguna autoridad se los impida.

Ante lo anterior, los alcaldes en Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo, Layda Sansores San Román y Víctor Hugo Romo Guerra, respectivamente, presentaron una propuesta para que las penas se eleven a entre cinco a 12 años de prisión y una sanción monetaria de entre mil y 2 mil días multa.

La propuesta fue entregada al Congreso de la Ciudad de México, es una iniciativa que también propone la extinción de dominio a bienes inmuebles que quebranten reiteradamente sellos de clausura.

Al recibir la iniciativa conjunta, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la CDMX, Jesús Martín del Campo Castañeda, resaltó el interés común de detener los abusos de desarrolladores que construyen violando normas y se mantienen en la impunidad, escudándose en algunos recovecos de la ley vigente.

El alcalde en Miguel Hidalgo precisó que en el caso de la Ley de Extinción de Dominio se aplicaría cuando haya clausura definitiva y, a pesar de ello, se construya un piso más, se continúen los trabajos o se concluya la construcción de la obra. En estos casos, reiteró, se deberá iniciar el proceso que marca la ley.

La iniciativa presentada también plantea reformas al Código Penal para incrementar las sanciones a quien quebrante los sellos impuestos por orden de la autoridad competente.

En la actualidad, la ley prevé una pena de cárcel de dos a siete años y una sanción económica de entre 100 y 500 días multa.

Además, el delito de quebrantamiento de sellos se aplicará al titular, propietario, poseedor, ocupante o responsable de una construcción, inmueble, anuncio o establecimiento mercantil, y no sólo a las personas trabajadoras que cometan materialmente el delito de quebrantamiento.

Romo Guerra afirmó que la autoridad en muchos casos “se ha visto rebasada por el cártel inmobiliario”, grandes desarrolladores asesorados por despachos de abogados, por la ausencia de un tipo penal que “castigue severamente el incumplimiento y violación” de las leyes. En su demarcación, dijo, 25 por ciento de las construcciones realizadas han cometido algún ilícito.

“Es necesario fortalecer y actualizar el marco jurídico que existe, adecuar la ley a la nueva realidad para frenar el abuso, garantizar el cumplimiento de la ley e inhibir el comportamiento delictivo”, subrayó el alcalde de Miguel Hidalgo.

Con base en las nuevas atribuciones que tienen los alcaldes de presentar iniciativas al Congreso local, señalaron la necesidad de establecer condiciones y adecuaciones que tienen como meta mejorar la vida de los capitalinos, evitar la discrecionalidad en la vigilancia del ordenamiento territorial, tanto en obras como en establecimientos mercantiles y asegurar el cumplimiento a la garantía de seguridad jurídica de los particulares. “Vamos a darle dientes a la autoridad y obligar a los particulares a apegarse a las leyes y reglamentos”, sostuvo.

“Estas prácticas son como un robo a la nación, pues cuando alguien construye a más altura hace uso del espacio aéreo, algo que nos pertenece a todos. Cinco pisos de más, volumetría de más, dimensiones más, construcciones en barrancas, la apropiación del espacio hídrico de la cuidad; es un robo a la nación, es un robo a la gente y sólo se puede recuperar con la extinción de dominio”, argumentó.

Durante su intervención, la alcaldesa de Álvaro Obregón informó que durante su administración se han suspendido y clausurado 171 obras, “pero la problemática no acaba al poner el sello de suspensión o clausura. Es necesario mantenernos en constante alerta, ya que los desarrolladores inmobiliarios no consideran como un delito arrancar dichos sellos”. Además, para demostrar al INVEA que “ahí se sigue trabajando, es necesario tomar a los trabajadores en flagrancia, situación que en muchas ocasiones no es posible”.

“Por eso creemos que sólo aumentando los castigos, las penas y haciendo reformas a los Códigos, es decir, siendo más exigentes, lograremos erradicar estas prácticas que afectan a los ciudadanos, a las autoridades y a las instituciones. Por ello se propone la extinción de dominio y el aumento las penas de 5 a 12 años y de mil a dos mil días de multa”, añadió.

Finalmente, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso capitalino señaló que es necesario corregir aspectos en la normatividad que permitan a las y los alcaldes tener armas para enfrentar estos actos de impunidad.

Informó que la iniciativa presentada será enviada a comisiones para su análisis y dictamen y para que posiblemente se discuta en el pleno se discuta en el siguiente periodo ordinario de sesiones.