Se debe definir una agenda nacional contra la tortura

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH,) alienta a las autoridades mexicanas, federales y locales, a elaborar e implementar una estrategia nacional para combatir la tortura, a fin de erradicar un problema crónico y generalizado.

Lo anterior refirió al término de su visita a México la Alta Comisionada de las ONU-DH, Michelle Bachelet.

Tanto la Ley General contra la tortura, como los instrumentos internacionales ratificados por el Estado mexicano, prescriben los elementos necesarios para combatir este fenómeno, cuya recurrencia en México ha motivado serias preocupaciones por parte de organismos de derechos humanos y es fuente de consternación social cuando se evidencia su comisión. Sin embargo, dichos instrumentos normativos continúan sin ser efectivamente aplicados, lo que tiene por consecuencia que la tortura siga siendo uno de los elementos principales que erosiona al Estado de derecho y al sistema de justicia.

La ONU-DH llama a retomar las principales obligaciones del Estado contra la tortura. Entre ellas, el deber de emprender una lucha efectiva contra la impunidad endémica. Para ello, es urgente que la Federación y todas las entidades federativas cuenten con las fiscalías o unidades de investigación especializadas que la Ley General obliga a crear, así como que sean dotadas de los recursos y capacidades suficientes para llevar a cabo investigaciones efectivas que permitan sancionar a todos los responsables, incluyendo a los superiores jerárquicos.

La ONU-DH considera también prioritario realizar diagnósticos y diseñar medidas destinadas a prevenir la tortura y otros malos tratos en los distintos ámbitos en los que ocurren estas deplorables prácticas. El Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura que se elabora actualmente está llamado a ser una de dichas medidas.

“Las nuevas autoridades en México tienen la oportunidad de revertir uno de los problemas más graves que enfrenta el país y dejar atrás una conducta enraizada en el sistema de seguridad y de justicia. A la voluntad se debe agregar la definición de una política pública consistente de combate frontal a la tortura”, sostuvo Jan Jarab, Representante de la ONU-DH en México.

“Las autoridades de todos los niveles deben abstenerse de designar a personas que han cometido actos de tortura, mantenerlas en sus puestos, promoverlas laboralmente o trivializar sus conductas. Preocupa que se continúen nombrando en cargos públicos a personas a las que se les han dirigido recomendaciones públicas por haber cometido actos de tortura.

Por el contrario, las autoridades deben ponerse del lado de las víctimas y no de los perpetradores y condenar categóricamente la estigmatización hacia las personas que han sido sometidas a tortura y se les ha quebrantado su dignidad humana”, agregó el Representante en un día tan importante a nivel mundial.

Es también necesario atender a la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran diversos grupos de población y que los hace más propensos a sufrir tortura o malos tratos. Destacan los ataques sexuales contra las mujeres, así como la situación de privación indiscriminada de la libertad, el encierro prolongado y las condiciones inhumanas o degradantes en las estaciones migratorias a las que es frecuentemente sometida la población migrante.

La ONU-DH exhorta a las autoridades mexicanas a atender las recomendaciones recientemente formuladas por el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas en la revisión a México, así como las decisiones sobre el tema adoptadas por tribunales y órganos internacionales de derechos humanos.

Finalmente, la ONU-DH insta a que las autoridades definan la agenda contra esta grave violación a los derechos humanos, con la urgencia que corresponde a la gravedad de la problemática, trabajando de manera conjunta con la sociedad civil y otros actores relevantes, y reitera su plena disponibilidad para seguir brindado su asistencia y cooperación técnicas al Estado.