Definir política criminal anticorrupción

Integrantes de la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, que preside el senador Clemente Castañeda Hoeflich, se reunieron con 20 fiscales anticorrupción del país para plantear la homologación en el trabajo que realizan.

Los funcionarios, en su mayoría dependientes de la Fiscalía General estatal, señalaron que se debe definir la política criminal anticorrupción, fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción, capacitar al personal, dotarles de presupuesto y otorgar autonomía a las fiscalías anticorrupción estatales.

La Comisión de Anticorrupción del Senado de la República estableció una mesa de trabajo permanente con la Convención de Fiscales Anticorrupción de los Estados y la Fiscalía Especializada para el Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República (FGR).

La finalidad es trabajar en conjunto para plantear una reforma a la Constitución y a las leyes secundarias en materia anticorrupción para subsanar los problemas que enfrentan las fiscalías estatales.

El senador Castañeda Hoeflich dijo que la corrupción sigue presente en todas las esferas de la vida pública y en todos los órdenes de gobierno. Las acciones para prevenirla, detectarla y sancionarla, subrayó, son insuficientes.

Determinó que los sistemas anticorrupción estatales enfrentan grandes retos operativos y de funcionamiento. El común denominador, refirió, es la reducción del presupuesto, barreras institucionales, falta de autonomía y poco margen de maniobra para realizar su trabajo.

“Difícilmente podremos abatir la corrupción si persisten estos obstáculos institucionales”, comentó. Desde el Senado contribuiremos a fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción y a sentar las bases para fortalecer los sistemas locales, abundó.

En su participación, la senadora Martha Cecilia Márquez llamó a los fiscales a promover acciones que permitan la participación ciudadana, fomenten la denuncia y se conozca el trabajo que desempeñan.

A su vez, la senadora Eunice Romo Medina reiteró la disposición de los legisladores para escuchar las propuestas y demandas de los funcionarios anticorrupción, a fin de crear el marco jurídico que les permita realizar su labor de manera eficaz.

Por su parte, María de la Luz Mijangos Borja, fiscal Anticorrupción de la FGR, dijo que falta una definición de la política criminal anticorrupción para que, a partir de ella, se establezca una coordinación eficaz del combate y por temas: prevención, detección y sanción de las conductas relacionadas con hechos de corrupción.

No se trata que las fiscalías anticorrupción sólo “sigan el dinero”, precisó. Faltan capacitación y estructuras de investigación, litigación y nuevos métodos. También se necesita presupuesto.

Odracir Ricardo Espinoza Valdez, presidente de la Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción, refirió que están organizados en cinco zonas y proponen reformar la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública para que se reconozca la convención que encabeza.

Detalló que de las 29 fiscalías anticorrupción constituidas en el país, la mayoría depende de la fiscalía general de cada estado. Sólo tres son autónomas, lo que a veces impide que desplieguen un trabajo más eficaz. También solicitó se elabore un plan de persecución penal en materia anticorrupción, ya que al no existir tampoco hay un trabajo homologado.

José Ángel Paredes Echavarría, titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Campeche, señaló que el Sistema Nacional Anticorrupción fue creado pero no fortalecido. En cada estado, apuntó, las fiscalías se crearon de acuerdo con las condiciones y necesidades. Por ello propuso armonizar la estructura de todas las fiscalías del país y que se les conceda autonomía.

Jorge Humberto Mora Muñoz, fiscal anticorrupción de Aguascalientes, coincidió en que debe haber una homologación de la estructura orgánica de las fiscalías anticorrupción a escala estatal y consolidar el marco jurídico que las rige.

Emma Chávez, fiscal Anticorrupción de Chihuahua, señaló que las fiscalías anticorrupción deben tener autonomía, independencia total, contar con recursos materiales suficientes para operar. Además, contar con personal especializado. “Es un problema para la operación especializada que nuestra fiscalía requiere”.