Regular actividades Fuerzas Armadas Seguridad Pública

En un periodo de 25 años, México ha intentado cinco modelos distintos de instituciones en materia de seguridad pública y, en realidad, la creación de una sobre otra es el fracaso de la anterior.

El senador sin partido, Emilio Álvarez Icaza, dijo que más allá del fracaso institucional que aquellos representaron, señaló, se impone una espiral de violencia y números graves sobre violaciones a derechos humanos. Lamentó que no se haya diseñado un modelo donde la ciudadanía tenga control de las instituciones de seguridad.

Durante la inauguración del foro “Parlamento Abierto sobre las leyes secundarias de la Guardia Nacional”, refirió que el observatorio ciudadano es un tema clave, “para que nos pongamos a construir tramos de control de las instituciones de seguridad”.

Expuso que la importancia de las leyes secundarias deriva en que determinarán la próxima relación gobierno-sociedad, y el pacto cívico-militar.

Añadió que es pertinente que el Senado escuche las propuestas en la materia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de Amnistía Internacional, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de la Cruz Roja Internacional, entre otros.

En su turno, la senadora Claudia Edith Anaya Mota, del PRI, señaló que el paquete de leyes secundarias para la Guardia Nacional debería contemplar una quinta legislación que regule las actividades de las Fuerzas Armadas en materia de Seguridad Pública.

Detalló que el artículo quinto transitorio de la reforma constitucional otorga la facultad de participar en tareas de seguridad pública a la Guardia Nacional, “pero no hay ningún lineamiento de excepcionalidad, temporalidad o qué tipos de delitos deben perseguir”.

Dijo que hay dos iniciativas presentadas que plantean lineamientos específicos y una temporalidad de cinco años, como lo marca la Constitución. Comentó que una ley con estas características, daría a las Fuerzas Armadas un marco legal que regule sus actividades.

A su vez, Tania Reneaum, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, preguntó por qué no se tiene hoy un Parlamento Abierto, como el que se realizó para discutir la Guardia Nacional. “El Senado cierra las puertas, no da explicaciones, no dialoga con la sociedad civil sobre la configuración que tendrá la seguridad pública en este país”, dijo y agregó: No dialogar, es una señal de un retroceso democrático.

Indicó que Amnistía no puede comentar las disposiciones de la ley orgánica de la Guardia Nacional, porque no conocen la iniciativa, como tampoco las reformas al Sistema Nacional de Seguridad Pública. “No sabemos cuál es la parte que se va a reformar, ni en qué sentido”.

Recordó que en abril de 2018, el entonces candidato a la Presidencia, Andrés Manuel López Obrador, le mandó un oficio al Secretario General de Amnistía Internacional, donde invitaba a dialogar sobre el diseño de acciones contundentes y eficaces para revertir la violencia que vivimos actualmente.

Luego, entregó a los senadores Álvarez Icaza y Anaya Mota, 20 propuestas de Amnistía Internacional para evitar que las leyes secundarias sean violatorias de derechos humanos.

El representante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Rubén Pérez Sánchez, habló sobre la preocupación de diversos organismos nacionales e internacionales sobre el carácter civil con el que tiene que ser instituida la Guardia Nacional en el país.

Informó que de 2015 a la fecha, la CNDH ha emitido 19 recomendaciones a la Secretaría de la Defensa Nacional por violación de derechos humanos, cuatro de estas por violaciones graves; 20 a la Secretaría de Marina, tres graves; y emitió 33 a la Policía Federal, seis graves. “Preocupa la actuación de estos tres órganos de gobierno, ya que han demostrado tendencia de crecimiento en materia de violaciones a los derechos humanos”, detalló.

En cuanto a la Ley Nacional del Registro de Detenciones, señaló que la CNDH sugiere haya un registro nacional único de detenciones, que informe a las autoridades responsables de la detención, de los traslados y de la duración de cada una de las etapas. “El registro debe empezar desde el momento en que se lleva a cabo la detención” dijo.