Derecho y beneficios de la ciencia

México se convirtió en un ejemplo de cómo se le puede dar mayor voz a la ciencia desde el marco legal al haber propuesto incluir el derecho a la ciencia en la Constitución.

Desde 2014 la inversión en ciencia y desarrollo en Latinoamérica se estancó y comenzó a decrecer por lo que resulta urgente no solo encontrar soluciones a nivel local sino para toda la región, razón por la cual se abordó el tema durante el panel Política científica en el XVI congreso de la Red de Popularización de la Ciencia y la Tecnología de América Latina y el Caribe (RedPOP) titulado “¡Vivir la Ciencia!” y organizado en colaboración con la Secretaria Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de Panamá del 22 al 25 de abril 2019.

Si bien el retroceso en inversión científica es asociable a la crisis económica en Latinoamérica, existen muchos otros factores que deben tomarse en consideración, entre ellos la situación económica específica a cada país.

En este sentido, algunos de los puntos clave que se abordaron en el panel fueron el estado de la política científica en la región y la reflexión sobre si esto es un retroceso o solo estábamos viviendo un periodo de “ilusión”, así como los cuestionamientos de si es posible hablar de la región como un espacio homogéneo en materia de política científica, si hay lugar para una mayor cooperación regional en la materia y cómo involucrar a la comunidad científica con la realidad de nuestros países.

El derecho de los seres humanos a disfrutar de los beneficios que la ciencia y la tecnología pudieran aportar, consagrado en el Artículo 14 del Protocolo de San Salvador, sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es vinculante para nuestra región, se convirtió en uno de los temas centrales del panel, mismo que puede dividirse para facilitar su estudio en tres categorías: el contenido normativo, la relación con otros derechos y las obligaciones que implica.

Así, México se convirtió en un ejemplo de cómo se le puede dar mayor voz a la ciencia desde el marco legal al haber propuesto incluir el derecho a la ciencia en la Constitución.

Más aún, surgió un acuerdo general de la importancia de una política científica que respete el derecho a la ciencia y del importante rol que juegan los comunicadores de la ciencia en la cultura científica de la sociedad.

El diálogo fue conducido por la coordinadora general del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, Julia Tagüeña y Guillermo Anlló, director de la oficina de Unesco en Montevideo.