Tipificar delito de fraude familiar en Ciudad México

En casos de divorcios se debe garantizar el patrimonio generado durante el matrimonio para protegen las necesidades básicas de los hijos, y de esa forma dejar en la calle a la cónyuge y vástagos.

Así mismo se propone cárcel de uno a cinco años y 300 días multa a quien oculte o traspase a nombre de terceros bienes generados durante la unión legal o voluntaria.

Luego de incrementarse en la capital los casos de divorcio o separación, y con el fin de proteger el patrimonio generado durante el matrimonio o concubinato, el diputado Nazario Norberto Sánchez presentó en tribuna una iniciativa que adiciona el artículo 232 Bis del Código Penal para la Ciudad de México, que propone cárcel de uno a cinco años y 300 días multa a quien oculte o traspase a nombre de terceros bienes generados durante la unión legal o voluntaria.

Expuso que es necesario regular estas situaciones, porque es un hecho que los derechos de las y los integrantes de dichas familias se vulneran como consecuencia de estos actos.

“Cuando un matrimonio o concubinato se enfrenta a un divorcio o separación, los bienes materiales, desafortunadamente en muchos de los casos, derivan en un problema inevitable cuando alguno de ellos, con el ánimo de perjudicar al otro, traspasa o los pone a nombre de otra persona o de algún familiar, afectando el patrimonio de la contraparte, así como el de las y los hijos que procrearon; pero peor aún, hay casos en que esta situación se da sin la autorización de la otra parte, incluso cuando la unión de las personas aún existe”, mencionó.

El legislador de Morena fue más puntual al recalcar que la CdeMx registra un promedio de 39 divorcios por cada 100 matrimonios, y hay quien pretende no cumplir las obligaciones legales que se generan también durante el concubinato como la manutención de los hijos.

“Estaríamos incluso cumpliendo con el principio de interés superior de la niñez, ya que se garantiza la satisfacción de las necesidades básicas para su desarrollo, como la alimentación, educación, salud, vivienda, recreación, entre otros, pues ante la situación de divorcio o separación en muchas ocasiones se vulnera su derecho a la alimentación al quedarse quien tiene la guardia y custodia sin los recursos económicos suficientes para cubrir las necesidades de las hijas e hijos”, recalcó.

Nazario Norberto destacó que, de acuerdo con información del INEGI, la mayor parte de la población de 15 y más años está unida a una pareja, es decir, el 57.6% se encuentra en esta situación conyugal. Su frecuencia creció anualmente de 2010 a 2012, pero disminuyó en 2017.

Al mismo tiempo, el número de divorcios en todo el país pasó de 86 mil en 2010 a 150 mil en 2017, lo que significa 1501 y 28.1 separaciones legales, respectivamente. Las causas más comunes son: el mutuo consentimiento, el abandono de hogar, la violencia intrafamiliar y el adulterio o la infidelidad.