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Detienen a funcionarios que defraudaron con terrenos

4 abr 2019
2 min de lectura

La Fiscalía General de la República (FGR), y la Secretaría de la Función Pública (SFP) investigan a la empresa Suministros del Carmen, SA de CV, por la compra de 169 hectáreas con información privilegiada, que luego fueron vendidas al gobierno estatal con una ganancia superior a 143 millones de pesos, pagados del erario federal.

Uno de los involucrados en el presunto fraude es Juan Carlos Gutiérrez Ruiz, hasta hace unos días director general de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), quien representó al gobierno de Felipe Calderón en la firma del convenio con la administración de Granier para la construcción de viviendas.

Calderón ordenó transferir 350 millones de pesos para la adquisición de suelo apto para uso habitacional, urbanización y construcción de viviendas, de los que el gobierno de Granier tomó 246 millones de pesos para pagarle a la empresa con sede en Campeche por los terrenos que había adquirido de particulares en sólo 102 millones.

De la operación presuntamente se beneficiaron altos funcionarios de Tabasco y dos empresarios allegados al gobernador: Amílcar Sala Villanueva y Antonio Espinosa de los Monteros Leal.

Este último, un próspero contratista amigo de Granier, aparece en la averiguación previa que integra la PGR como “socio” de un humilde vendedor de garrafones de agua y el dependiente de una tienda, quienes serían los “propietarios” de Suministros del Carmen.

La empresa, cuyo patrimonio nunca superó los 5 millones de pesos, ni siquiera era solvente para comprar los terrenos que adquirió entre febrero y marzo de 2008.

Un mes después se los vendió al Instituto de Vivienda de Tabasco (Invitab), cuyo titular, Ariel Cetina Bertruy (un priista que brincó al Partido Acción Nacional), es señalado como el principal operador del negocio.

La PGR integra una averiguación previa y la SFP inició un expediente sobre denuncias formuladas por legisladores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) de Tabasco, ante este nuevo escándalo por mal uso de fondos federales por las inundaciones en Tabasco, como el fraude que por casi 20 millones de pesos presuntamente se cometió en el Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud, según documentó Proceso.

Al respecto, sin que oficialmente sea reconocida como una decisión derivada del caso y en medio del período vacacional de diciembre, Calderón destituyó a Gutiérrez Ruiz y, con la misma discreción, nombró como nuevo director general de Conavi a Ariel Cano Cuevas, quien mantiene en su cargo a otro funcionario federal supuestamente involucrado en el caso: Marco Antonio Quiroz López, subdirector general de Enlace y Operación con Organismos Nacionales de Vivienda.

Además de Gutiérrez Ruiz y Quiroz López, son señalados como presuntos responsables de cometer al menos 12 delitos los secretarios de Finanzas, Contraloría y Obras Públicas del gobierno estatal, José Manuel Sáiz Pineda, Héctor Manuel Pérez Peralta y Roger Silvano Pérez Evoli, respectivamente, así como Ariel Enrique Cetina Bertruy, director del Invitab.

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