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Exigen erradicar la violencia laboral y sexual económica

27 mar 2019
2 min de lectura

Es necesario erradicar las prácticas de discriminación, inequidad, violencia laboral, violencia económica, violencia sexual, acoso y hostigamiento, generados en centros de investigación, institutos de investigación e institutos de educación superior.

Durante la sesión plenaria de este miércoles, realizada en la antigua sede del Senado de la República, las parlamentarias hicieron un llamado al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a la secretarías de Educación de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México; de Educación Pública y de la Mujer de la Ciudad de México, para que incluyan la perspectiva de género en sus leyes, reglamentos, evaluaciones y contratos laborales, como un instrumento para proteger los derechos de las académicas y científicas.

Entre las iniciativas que se discutieron en esta sesión destacan también las siguientes:

1) La propuesta de modificar el Reglamento de Construcciones local, con el propósito de prevenir el acoso y hostigamiento sexual hacia mujeres y niñas en el espacio público.

2) El dictamen por el que se expide el Código de Civilidad Política del Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México 2019.

3) En materia de medio ambiente y derechos humanos, presentaron una iniciativa mediante la cual se pide que el gobierno de la Ciudad de México y las alcaldías cumplan con la obligatoriedad de proporcionar, cuidar, mantener y acrecentar un mínimo de 9.2 metros cuadrados de áreas verdes por habitante; así como modificar diversos artículos de la Ley Constitucional de Derechos Humanos para garantizar el disfrute pleno de un ambiente sano, así como el derecho al agua y su saneamiento.

Finalmente, las legisladoras se manifestaron respecto a la urgencia de generar una política pública en favor de la igualdad sustantiva, el acceso a la justicia y a una vida libre de violencias para todas las mujeres capitalinas.

También sobre la construcción de un marco normativo que promueva la progresividad de los derechos humanos y la igualdad de género en las leyes y disposiciones reglamentarias, que permitan reducir las brechas de desigualdad y asegurar la protección de los derechos de las mujeres en la capital.


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