Servidor público al dejar cargo no puede prestar servicios profesionales en la iniciativa privada

Toda servidora o servidor público, una vez terminada su relación laboral con el Gobierno Federal, estatal o municipal, no pueda prestar servicios profesionales en la iniciativa privada, en temas o áreas relacionadas al encargo público desempeñado.

El senador del PT, Miguel Ángel Lucero Olivas, presentó la iniciativa, que modifica la Ley General de Responsabilidades Administrativas, establece que será facultad de la Secretaría de la Función Pública (SFP), dictaminar a través de un consejo especializado en la materia, los casos en los que a la servidora o servidor público se le de anuencia para desempeñar un cargo en el sector privado.

Lucero Olivas dijo que la propuesta pretende que los servidores públicos que han concluido su encargo, no utilicen de manera discrecional, y para su beneficio, la información a la cual tuvieron acceso durante su función pública.

La erradicación de la corrupción en los tres niveles de gobierno, subrayó, es uno de los objetivos del gobierno y una prioridad de nuestra bancada. Se trata de separar al poder político del económico.

Señaló que en México, el cambio del trabajo público al privado se ha vuelto una práctica inmoral y carente de ética entre muchos ex servidores públicos de alto nivel, “al grado de normalizar un conflicto de intereses”.

La legislación actual, advirtió, se ha quedado corta en la regulación de esta problemática, que a todas luces beneficia el interés privado y perjudica al público.

Altos mandos políticos y técnicos de las instituciones públicas, pasan a desempeñar puestos claves en grandes corporaciones y en los grupos de influencia empresariales, llevándose consigo los conocimientos e influencias adquiridas en el ámbito administrativo, advirtió.

Puntualizó que en México no hay impedimento legal para la intromisión de las grandes empresas a la Administración Pública. Por ello, se busca terminar con uno de los grandes pendientes en la materia

La iniciativa fue enviada a las comisiones unidas de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, de Estudios Legislativos.