Homofobia, desconocimiento del marco derechos humanos y nula independencia judicial

El proceso de designación que se lleva a cabo en estos días en el Senado de la República para nombrar a una Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), está dejando de lado garantías fundamentales que aseguren la independencia de nuestro máximo órgano de justicia.

Con este sistema estamos viviendo un retroceso en los procesos de designación de altos cargos.

Organismos internacionales como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, refieren que un principio esencial para garantizar la independencia judicial es el “ser y parecer independiente”.

La Teoría de las apariencias refiere que no basta con que la justicia sea independiente, sino que también debe parecerlo, es decir, para excluir toda duda legítima sobre su imparcialidad, las apariencias también son relevantes.

Las entrevistas demostraron que las tres vinculadas al Ejecutivo Federal y eso pone en riesgo la independencia judicial.

Por otra parte, Yasmín Esquivel, quien, según diversas fuentes, tendría las más altas posibilidades de ser designada, enfrenta cuestionamientos por haber incurrido en conflictos de intereses, al participar en fallos a favor de grupos inmobiliarios y al demostrar influyentismo en su actuación.

Por cuanto hace a Celia Maya, quedó demostrada su falta de criterios mínimos de especialización y respeto por los derechos humanos, mientras que ella y Loretta Ortiz, existe una cercanía político- partidista.

Aunado de demostrar el incumplimiento de elementos de idoneidad mínimos, las entrevistas realizadas por la Comisión de Justicia el día de ayer evidenciaron serias preocupaciones respecto al poco conocimiento del marco de derechos humanos - que desde 2011 forma parte de nuestro entramado jurídico- como un referente obligado de interpretación para la protección de los derechos de las personas.

Por lo que, las referencias homofóbicas y contrarias a fallos de la propia institución para la que son propuestas son sumamente preocupantes y van en sentido contrario al fortalecimiento de la SCJN y de una visión garantista. De la misma manera preocupan las posturas sobre prisión preventiva oficiosa, proceso de designación de ministros y ministras, así como derechos reproductivos.

Por otra parte, consideramos que el proceso de designación no permitió que se generara un real escrutinio de las candidatas, no hubo parlamento abierto ni participación sustantiva de la sociedad civil. La posibilidad de hacer llegar preguntas al Senado sin saber cómo y cuáles preguntas se eligen no significa que haya habido parlamento abierto.

Teniendo en cuenta este conjunto de cuestionamientos y antecedentes de las tres integrantes en la terna, el día de ayer enviamos una comunicación urgente al Relator Especial de Independencia de Jueces y Abogados de Naciones Unidas y al Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con la finalidad de que estos organismos analicen el caso mexicano y emitan las recomendaciones pertinentes.

El fortalecimiento de las instituciones pasa por designaciones que aseguren perfiles idóneos e independientes. El país necesita un poder judicial fuerte, profesional e independiente para enfrentar la crisis de impunidad, corrupción y graves violaciones que enfrenta el país.