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Los cambios constitucionales en materia de extinción de dominio eran necesarios para fortalecer una política coherente que permita la recuperación de activos financieros en el combate a las conductas delictivas.

El diputado de Morena, Nazario Norberto Sánchez, dijo que era menester permitir que una legislación única regulara los elementos de la extinción bajo un estándar único.

Al presentar el dictamen que ratifica la reforma del artículo 22 y la fracción XXX del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de extinción de dominio, Norberto Sánchez, dijo que añade nuevos delitos sobre los que procederá la extinción de dominio, como son delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, es decir, el huachicoleo, el encubrimiento, investigaciones derivadas sobre hechos de corrupción, delitos cometidos por servidores públicos, extorsión, recursos de procedencia ilícita, entre otros.

Indicó que la reforma constitucional implica el fortalecimiento y reestructuración de la figura de la “extinción de dominio” y faculta de manera eficiente al Estado para perseguir con fuerza los bienes de origen ilícito y atacar medularmente su propiedad.

Para realizar el procedimiento, se establece que el Ministerio Público deberá acudir a un juez civil que sea ajeno a los procesos penales que se le sigan a los delincuentes para decretar la extinción de dominio.

“Esta reforma constitucional hace ambas cosas. Propone dotar de mayores armas al combate a la delincuencia y, al mismo tiempo, mayor certeza a los ciudadanos de que sus derechos serán respetados bajo un procedimiento civil y conceptualmente distinto de la rama penal”, apuntó.

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas aseveró que este acontecimiento marca la historia de la Ciudad de México, porque ha pasado a formar parte del proceso aprobatorio de reformas a la Constitución Federal y ahora tiene voz y voto en las grandes decisiones de este país a raíz de la reforma política y la emisión de su nueva Carta Magna.

Nazario Norberto mencionó que este proceso de reformas no tiene por actor único a la Federación, a través del Presidente de la República y el Congreso de la Unión, sino que precisa de la activa participación y análisis de las Legislaturas de los diversos Estados y de la Ciudad de México.

Ello no es sólo derivación directa del proceso de reformas establecido por el artículo 135 constitucional, sino una consecuencia natural del federalismo mexicano y su régimen democrático.

Por último, indicó que dicha reforma muestra que mayorías y minorías “podemos trabajar juntos por el bien de México; que podemos llegar a acuerdos para fortalecer a las instituciones”.