PESQUISA POLÍTICA

Defender derechos humano y

libertad expresión en la CDMX

La violencia contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas ha incrementado de forma alarmante, ya que se siguen cometiendo todo tipo de ataques y homicidios en México y las autoridades locales y federales están cruzados de brazos.

En el Congreso de la Ciudad de México, se instaló la Comisión de Protección a Periodistas con personas que han demostrado su incapacidad para comprender hasta donde los comunicadores corren peligro por su trabajo.

Supuestamente los diputados tienen facultades para dictaminar leyes reglamentarias de la Constitución en materia de libertad de expresión y de respaldo a los comunicadores, y lo único que han demostrado es no tener importarles lo que les pueda suceder a los periodistas.

A pesar de que el artículo séptimo de la Constitución de la Ciudad, establece que se garantizará la seguridad de las personas que ejerzan el periodismo, así como las condiciones para que quienes sean perseguidos arbitrariamente en el ejercicio de dicha actividad profesional puedan vivir y trabajar, es letra muerta, en los hechos nada se hace.

Los diputados como el presidente del PRI, de la Comisión, Miguel Ángel Salazar, en su oportunidad comentó que legisladores de todos los partidos coincidieron en generar mecanismos de apoyo a los comunicadores, ante un escenario desolador, pero hasta el momento se han olvidado de sus compromisos con el periodismo, y solo fueron palabras que se llevó el viento.

En los que va del año suma ya 14 personas defensoras de derechos humanos y periodistas asesinados desde la toma de posesión del actual Gobierno, y las descalificaciones elevan su riesgo dejándolas en condiciones de vulnerabilidad frente a ataques como los que vivieron los últimos compañeros.

Ahondan más en las condiciones de riesgo que ejercen la labor estas personas, colectivos, comunidades y organizaciones.

Ante esta situación que enfrentan comunidades y organizaciones es necesario que el presidente Andrés Manuel López Obrador realice declaraciones que no estigmaticen la labor de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

Al contrario, es necesario que se reconozca la importancia y el papel fundamental de las organizaciones defensoras de derechos humanos y periodistas al fortalecimiento de la democracia, el Estado de derecho y la construcción de paz, tal como lo han señalado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y oficinas de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de forma conjunta.

Recordamos y lamentamos que dos de las personas asesinadas eran beneficiarias del Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, circunstancias que dan cuenta de la ineficacia de los medios adoptados para erradicar las fuentes del riesgo y proteger adecuadamente a las personas que recurren a la protección estatal.

El Estado tiene el deber de respetar la labor de defensa de derechos humanos y libertad de expresión, prevenir agresiones, proteger personas defensoras y periodistas, investigar agresiones y reparar daños a la integridad física y moral.

Reconocer la importancia de la labor de las personas defensoras de derechos humanos y comunicadores comunitarios en la difusión de las problemáticas que enfrentan los pueblos originarios y reconocer las exigencias de sus luchas y la protección de su tierra y territorio.

Reconocer públicamente que proteger y promover los derechos humanos son acciones legítimas que fortalecen el estado de derecho y la democracia.

Iniciar un diálogo con las organizaciones defensoras de derechos humanos y periodistas por medio de mesas de trabajo con instituciones de las tres ramas del poder público y autoridades de todos los niveles de gobierno, para la discusión y construcción de una Política Pública Integral en materia de protección, que aborde los problemas estructurales de la situación de violencia.

En el caso de las investigaciones de delitos cometidos contra las y los periodistas, que las autoridades locales así como la Fiscalía General de la República para que, se apeguen a los lineamientos establecidos en el Protocolo Homologado para la Investigación de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión.

Esto incluye el agotamiento las líneas de investigación relacionadas con la labor periodística, incluyendo un análisis exhaustivo del contexto de la región donde ocurrieron los hechos y que tome en cuenta los antecedentes de amenazas y agresiones.

Personas defensoras de derechos humanos y periodistas asesinados a partir de la toma de posesión del nuevo Gobierno, a partir del 1 de diciembre de 2018:

• Jesús Alejandro Márquez Jiménez, periodista asesinado en Nayarit el 1 de diciembre de 2018.

• Diego García Corona, periodista asesinado en el estado de México el 5 de diciembre de 2018.

• Manuel Martínez Bautista, indígena náhuatl, defensor de derechos humanos ejecutado extrajudicialmente en Yahualica, Hidalgo el 24 de diciembre de 2018.

• Sinar Corzo Esquinca, defensor de derechos humanos ejecutado extrajudicialmente en Chiapas, el 3 de enero de 2019.

• Noé Jiménez Pablo, defensor de derechos humanos ejecutado extrajudicialmente en Amatán, Chiapas, el 19 de enero de 2019.

• José Santiago Gómez Álvarez, defensor de derechos humanos ejecutado extrajudicialmente en Amatán, Chiapas, el 19 de enero de 2019.

• Rafael Murúa Manríquez, periodista comunitario asesinado en Baja California Sur entre el 19 y 20 de enero de 2019.

• Gustavo Cruz Mendoza, defensor de derechos humanos asesinado en Oaxaca el 20 de enero de 2019.

• Bernardino García Hernández, defensor de derechos humanos asesinado en Zimatlán de Lázaro Cárdenas, Oaxaca el 21 de enero de 2019.

• Estelina López Gómez, defensora de tierra y territorio asesinada en la comunidad de Santo Tomás, en Chiapas, el 23 enero de 2019

• Jesús Eugenio Ramos Rodríguez, periodista, asesinado en Villahermosa, Tabasco el 9 de febrero.

• Óscar Cazorla López, activista muxe y defensor de los derechos para el colectivo LGBTI, asesinado en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, 9 de febrero

• Reynaldo López Salas, locutor de radio asesinado en Hermosillo, Sonora, el 16 de febrero.

• Samir Flores Soberanes, defensor de derechos humanos y periodista comunitario náhuatl, asesinado en Amilcingo Morelos municipio de Temoac, el 20 de febrero.