Modelo económico neoliberal aplicó beneficio a minoría rapaz

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a nunca más utilizar la fuerza, declarar la guerra para enfrentar problemas de inseguridad que surgieron por la desatención al pueblo de las administraciones pasadas.

Antes de darle la palabra al subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Alejandro Encina, quien habló sobre la estrategia que se está aplicando para ayudar en la búsqueda de desaparecidos, el primer mandatario de la nación dijo que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia.

Alejandro Encinas informó cuál es la realidad, el estado actual que guardan las investigaciones de los desparecidos, de lo que se lleva al cabo, lo que ya se está haciendo y va a ser el plan durante todo el gobierno.

El subsecretario presentó el resultado de una larga serie de consultas que desde el periodo de transición se ha realizando con colectivos que atienden a las víctimas, y familiares de las mismas.

También atendiendo las recomendaciones de las agencias internacionales, en particular la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas.

Dijo que es un plan que tendrá que irse instrumentando para enfrentar uno de los problemas más lacerantes que vive nuestra sociedad, que es el de la desaparición forzada, ya sea por agentes del Estado o por particulares, y del cual hemos heredado quizá uno de los signos más ominosos del régimen anterior.

Explicó que se estima que actualmente existen 40 mil personas desaparecidas, más de mil 100 fosas clandestinas, alrededor de 26 mil cuerpos sin identificar en los servicios forenses, y eso da cuenta de la magnitud de la crisis humanitaria y de violación a los derechos humanos que estamos enfrentando y que debemos superar en nuestro país.

“Ha habido avances, sin lugar a dudas, en la elaboración de leyes, pero lamentablemente en su implementación no solamente no se ha cumplido con los objetivos que se han planteado en ellas, sino que se ha caído en una profunda simulación”, comentó.

Así mismo dijo que el acuerdo que ha alcanzado con muchas organizaciones, a las cuales se sigue consultando, al igual que las familias de las víctimas, es avanzar en la implementación real de la Ley general en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y crear el Sistema Nacional de Búsqueda.

El objetivo fundamental son 11 puntos, la implementación de la ley es diseñar, con la participación de las familias de las víctimas, las bases generales, las políticas públicas y procedimientos en los órdenes de gobierno para la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas y no localizadas, así como prevenir, como uno de los retos fundamentales, prevenir, investigar y sancionar a los responsables de estos delitos.

Aseguró Alejandro Encinas que la verdadera reparación del daño en estos casos es la aplicación de la justicia y el castigo a los responsables.

El Sistema Nacional de Búsqueda está integrado por 42 personas, representantes de distintas instituciones.

Categóricamente dijo que ahí es donde empieza la simulación que se hizo en el gobierno anterior donde, a dos semanas de terminar su gestión, se instaló el Sistema Nacional de Búsqueda y se presentó un Plan Nacional de Búsqueda que no fue consultado con nadie, pero de los 42 integrantes, 24 no están constituidos, pues son las comisiones estatales de búsqueda que en esta fecha no se habían integrado.

De modo tal de que ahora sí queremos dar paso a una verdadera integración del sistema, porque esto requiere una coordinación muy estrecha con las entidades federativas, con sus fiscalías, porque la tarea de la búsqueda, la identificación y la aplicación de la justicia no solo corresponde al gobierno federal, sino es que es hacer una suma de esfuerzos efectiva.

El funcionario de Derechos Humanos espera que quede plenamente instalado el sistema en el mes de marzo y dará los pasos subsecuentes para que esto suceda.

Anuncio que sobre el nombramiento del nuevo titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, la cual ya se emitió la convocatoria en días pasados, los días de hoy, mañana y el miércoles estaré llevando en audiencias públicas las entrevistas a los 11 aspirantes, las 11 hombres y mujeres que han decidido participar en este proceso.

Dijo que el viernes de esta semana se tendrá ya definida a la persona que encabezará esta Comisión Nacional de Búsqueda, que tendrá como su responsabilidad fundamental el establecimiento de un programa nacional consensuado con las víctimas, la participación, el diseño del Programa Nacional de Exhumaciones e Identificación Forense y las acciones de búsqueda, verdad y justicia para las víctimas.

A la fecha, tenemos solamente ocho comisiones integradas; una de estas ya en esta administración.

El funcionario dijo tener otras cuatro donde ya existe el decreto de legislación que permite su conformación, pero no se ha nombrado al responsable; tenemos ya el compromiso del gobierno del estado de Veracruz para que los próximos días esto suceda y aumentar a nueve las entidades donde se ha conformado.

Pero lamentablemente en 20 entidades, a más de un año de haberse publicado la ley general, no han tomado ni medidas legislativas ni la integración correspondiente de las comisiones estatales, con lo cual urge y hacemos un llamado respetuoso a los estados de la República para que a la brevedad posible cumplan con esta disposición de ley.

Para fortalecer estos trabajos vamos a dotar de recursos suficientes, o si no suficientes, sí importantes para que cumpla puntualmente sus trabajos la Comisión Nacional de Búsqueda y el sistema en su conjunto.

También dio a conocer que esta es otra parte de la simulación- que en el año 2018 se asignaron 468 millones 946 mil pesos a la Comisión Nacional de Búsqueda, pero solamente ejerció seis millones de pesos, es decir, ese presupuesto solamente estuvo en el papel, lo cual ha llevado no solamente a la falta de desarrollo de las capacidades técnicas, institucionales para la búsqueda, a las limitaciones tecnológicas para hacerlo, limitaciones en recursos humanos y el retraso lamentable en la implementación de la ley.

Para este año se han asignado 400 millones de pesos que se ejercerán plenamente por parte de la Comisión Nacional de Búsqueda.

Y estamos trabajando con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para que desde del Sistema Nacional de Seguridad podamos utilizar los recursos del Fondo de Apoyo a la Seguridad Pública en los estados, que cuenta con una cifra de siete mil 500 millones de pesos para desarrollar las capacidades en materia de identificación forense, la atención fundamentalmente a todos los cuerpos que tenemos sin identificar, pero también a las acciones de búsqueda, de exhumación, identificación, contando con un sistema único de información.

Dentro de las novedades, lo que queremos impulsar para favorecer las tareas de carácter preventivo y no dedicarnos solamente a la búsqueda de personas desaparecidas, que ya tiene muchos años, vamos a dar prioridad a la búsqueda en vida.

Esto nos va a permitir, por supuesto, no sólo recuperar a personas que todavía pudieran estar en condición de vida frente a actos de desaparición forzada, sino también enfrentar problemas vinculados con la trata de personas.

Más aún, con este tipo de acciones que ya se han venido desarrollando se ha acreditado que efectivamente pueden tenerse resultados ante una respuesta oportuna del Estado y de las distintas instituciones públicas.

Un tema adicional es el tratamiento a las personas migrantes, particularmente con las rutas -que están plenamente identificadas- donde están las situaciones de riesgo de la población migrante de nuestro país.

Esto forma parte de la nueva política migratoria en México, en donde se estima que entre el ocho y el 10 por ciento de las personas desaparecidas son migrantes, particularmente provenientes del Triángulo Norte de Centroamérica.

Para ello se diseñarán protocolos de actuación junto con las instituciones responsables de la seguridad pública para atender, en particular, las rutas donde se presentan con mayor incidencia estos delitos, destacando, por supuesto, la ruta que va de Chiapas, cruza por Oaxaca y posteriormente el estado de Veracruz y Tamaulipas, lo cual no significa que en otros lugares no se presenten situaciones de riesgo.

Para ello van muy avanzados los trabajos con el Comité Internacional de la Cruz Roja y con la Escuela Nacional de Antropología, con las distintas agencias de Naciones Unidas, con el equipo argentino de antropología forense y esperemos (inaudible) la implementación total, pero en marzo esperamos poner en consideración del sistema la discusión de la creación de este instituto, en donde el diseño corresponderá a la secretaria de Gobernación y estableceremos mecanismos extraordinarios para responder al contexto en que se enfrenta esta situación, desarrollando las capacidades técnicas que tanta falta nos hace, como es la creación de un Sistema Único de Información Tecnológica e Informática.

No estamos pensando en la adquisición de equipos, equipos hay de manera suficiente, pero sí de coordinar la información que se tiene respecto a la desaparición forzada en hospitales, en centros de atención psiquiátrica, en el Sistema DIF, en los centros de salud y atención de adicciones, en los centros de detención y reclusorios, en todo el sistema penitenciario, los servicios médicos forenses, el Registro Nacional de Personas Fallecidas, los albergues públicos y privados, los panteones o lugares donde se depositan restos mortales.