México debe regular e inhibir conflicto de interés público

La captura de intereses públicos por parte de intereses privados deteriora la integridad de la gestión pública y daña la confianza en las instituciones, y es una contradicción por parte de un ente particular o privado.

Jacqueline Peschard, coordinadora del Seminario Universitario de Transparencia, dijo que este tema es fundamental porque la captura de intereses públicos por parte de intereses empresariales o privados deteriora la integridad de la gestión pública y daña la confianza en las instituciones democráticas, aseguró Jacqueline Peschard, coordinadora del Seminario Universitario de Transparencia (SUT) de la UNAM.

Este asunto es indispensable para entender que la corrupción no sólo implica sobornos y fraudes, sino también el uso de intereses públicos como si fueran intereses privados, dijo en entrevista tras su intervención en la conferencia internacional “¿Qué sabemos del conflicto de interés?”, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS).

En el encuentro, en el que estuvieron la directora de la FCPyS, Angélica Cuéllar; José Octavio López Presa, del Sistema Nacional Anticorrupción; Vanessa Silveyra, de la empresa ALEATICA; Max Kaiser, fundador del Centro para la Integridad y la Ética en los Negocios; y Rafael García Aceves, de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad (ADIP), Peschard expuso la importancia de identificar esta situación, conocerla y comprenderla a fondo para enfrentarla de manera eficaz.

El propósito, prosiguió, es visualizar este tema al cual no se le ha puesto la debida atención, pues sólo se ha acentuado la utilización y apropiación de recursos públicos para fines personales.

En México, el combate a la corrupción es abordado desde hace, por lo menos, 20 años, pero es a partir de la creación del Sistema Nacional Anticorrupción que para la academia es importante ayudar a consolidar los mecanismos de regulación y acción pública, para inhibir esas formas de capturar el interés público y, por lo tanto, aminorar el daño a las instituciones y acrecentar la confianza de los ciudadanos en éstas.

En su intervención en la conferencia, José Octavio López Presa, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, señaló que el conflicto de intereses ha sido desdeñado también de manera jurídica en nuestro país, en contraste con otras naciones, en donde se regulan hasta “las incompatibilidades” en el desempeño del ejercicio público.

Propuso realizar una medición a las 264 instituciones que conforman dicho sistema, respecto a su independencia de intereses particulares, para impulsar la lucha contra el conflicto de interés.

Existe ya la ISO-37001, una certificación empresarial contra el soborno; “los gobiernos y tomadores de decisiones deberían sólo relacionarse con empresas que cuenten con esta norma”, recalcó.

En tanto, Max Kaiser, quien fuera asesor de Naciones Unidas en temas de combate a la corrupción y compras gubernamentales, dijo que el actual gobierno debe tener control y vigilancia estricta sobre dicho fenómeno, pues de lo contrario la simple duda atentará contra su imagen de legalidad e imparcialidad.

“No hay que confiar en documentos sin aval; más valen procesos independientes con información sistematizada, hay que regular el conflicto de interés, de no ser así, todo terminará en simulación”, concluyó.