Fiscalía que sirva para bien de la sociedad en general

La nueva Fiscalía General de la República (FGR), que sea autónoma, independiente, eficaz para garantizar las legítimas demanda de la sociedad que busca consolidar un sistema de justicia en el que se pueda confiar.

Se ha considerado desde el principio que la designación de la persona que deberá ejercer el encargo de FGR es clave para evitar injerencias indebidas en el proceso de designación y garantizar la independencia de la persona elegida.

Se ha insistido en la necesidad de que este proceso responda a los estándares internacionales que vinculan al Estado mexicano en materia de transparencia, publicidad, mérito, rendición de cuentas y participación ciudadana efectiva, en el cual, los medios de comunicación cumplan un rol protagónico para garantizar la transparencia y auditar el proceso de designación para detectar cualquier vínculo con grupos interesados en preservar la impunidad.

La vía rápida, para la designación de la persona que ejercerá el encargo de FGR, adoptado por Senado no responde a los estándares internacionales que vinculan al Estado mexicano, pues no garantiza, entre otros aspectos, una participación ciudadana efectiva y suficientemente informada para auditar el proceso de designación.

Por ese motivo, se considera inadecuado asistir a la Reunión Extraordinaria de la Comisión de Justicia que se realizará el 14 de enero del presente, para que quienes integran la referida Comisión escuchen a las personas aspirantes a ocupar la titularidad de la FGR motivo por el cual, declinamos la atenta invitación de los legisladores en virtud de que el procedimiento no ofrece certidumbre de seriedad.

El proceso de entrevistas no debiera ser una mera formalidad pues se trata de uno de los instrumentos más útiles para identificar el mérito y profundizar en las propuestas de quienes aspiran a la titularidad de dicha dependencia ahondar en aspectos preocupantes sobre sus antecedentes o posibles conflictos de interés.

Este proceso debe tener objetivos claros, ser planificado, y llevado a cabo con participación real de la sociedad civil.

Por ello reitera que en estas condiciones el Senado de la República está asumiendo la responsabilidad política y social de una designación que impactará directamente en la lucha contra la impunidad y la corrupción. Insistimos: los procedimientos acelerados no llevan a ninguna buena auscultación.

Consideramos que lo deseable sería que el proceso se reformule, para incorporar de manera directa en su acompañamiento no solo a la sociedad civil, sino a los medios de comunicación y la academia.