Sexenio EPN, regresivo para libertad expresión y protesta

El sexenio 2012-2018 en México, el ejercicio de la protesta social fue objeto de constante de represión, criminalización y diversas restricciones a través de normas, uso excesivo y arbitrario de la fuerza pública, tanto a nivel federal como estatal, tendientes a estigmatizar la protesta y cerrar los espacios públicos.

El Informe sobre la protesta social y la respuesta estatal 2012-2018, Lo documenta el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (FLEPS), en el Sexenio de la Resistencia:

El primero de diciembre de 2012, fecha en que tomó protesta Peña Nieto, marcó un punto de partida simbólico y reprobable, observando una clara representación de lo que vendría en los siguientes seis años.

Detenciones arbitrarias, ejecuciones sumarias derivadas de un uso letal de la fuerza pública, tortura, uso arbitrario del sistema penal, amenazas, intimidación, fueron huellas que quedaron marcadas frente al ejercicio de la protesta social.

Estos actos, según explica el Frente, se pueden identificar “antes, durante y después” de la protesta: antes, señalando aquellas legislaciones locales y federales que restringen y criminalizan el ejercicio de la protesta social a través de normas ambiguas, disposiciones que permiten el uso letal y arbitrario de la fuerza pública o que restringen el uso del espacio público; durante, en los actos de represión cometidos contra diversos actores movilizados a lo largo del sexenio, quienes han sufrido encapsulamientos, agresiones físicas y sexuales, detenciones arbitrarias, ataques con todo tipo de armamento letal y no letal, e incluso ejecuciones extrajudiciales.

Integrantes de movimientos sociales y personas solidarias son judicializadas por delitos imputados de manera arbitraria, aprovechando su redacción ambigua, tales como los delitos de “ultrajes a la autoridad”, “ataques a la paz pública”, “resistencia de particulares”, “sedición”, “terrorismo”, entre otros.

El informe contabiliza que, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, por lo menos en 15 entidades federativas se aprobaron legislaciones restrictivas a la libertad de expresión y la protesta social.

Algunas de estas restricciones son: la obligación de dar aviso o solicitar autorización previa, sin considerar manifestaciones espontáneas; la restricción de vialidades o espacios públicos para manifestarse, así como determinados horarios; la inadecuada regulación sobre armas y el otorgamiento de facultades amplias y discrecionales para el uso de la fuerza, sin controles adecuados para privilegiar el ejercicio de derechos y la rendición de cuentas.

Asimismo, en el periodo comprendido entre julio de 2015 y noviembre de 2018 se registraron 175 casos de violaciones a derechos humanos en contextos de protesta social; esto quiere decir que, en promedio, se dio un acto represivo a la semana a lo largo de estos dos años y medio.

Dentro de estos casos se encuentran Chalchihuapan (2014), Ayotzinapa (2014) Nochixtlán (2016), las movilizaciones contra el gasolinazo (2017), la represión en Tiripetío, Michoacán (2017), entre muchas otras.

Resulta necesario un cambio de enfoque, prevaleciendo uno en el que se coloca el ejercicio de la protesta social como un tema de orden público y un riesgo para la estabilidad, debiendo adoptar un enfoque de derechos humanos y seguridad ciudadana, sin contraponer a la protesta con orden, y verlo como un ejercicio natural de derechos y autonomía que robustecen una democracia.

Finalmente, el FLEPS, por medio de su Informe, hace un recuento de los retos que los nuevos gobiernos locales y el federal deben asumir para garantizar, respetar y proteger el derecho a la protesta social: caracterizar de manera positiva el ejercicio de la protesta, adoptar modelos de concertación política que faciliten la interlocución entre las personas movilizadas y las autoridades, derogar los tipos penales y las legislaciones que mitigan y criminalizan las manifestaciones, y garantizar la debida investigación y sanción de violaciones a derechos humanos en contextos de movilizaciones sociales.

El FLEPS está conformado por 11 organizaciones y colectivos dedicados a la defensa de los Derechos Humanos, y surgió en abril de 2013 dedicándose a realizar labores de documentación de violaciones al ejercicio de la protesta social, las libertades de expresión y reunión; así como labores de incidencia y promoción con el fin de que el Estado mexicano garantice estas libertades.