La negociación política del presupuesto para “moches”

En los últimos 20 años, la negociación del presupuesto en el Congreso de la Unión, particularmente en la Cámara de Diputados, se caracterizó por la inexperiencia, escasa profesionalización, desinterés de los legisladores y el clientelismo que dio lugar a una industria del cohecho, del soborno “o de los moches”.

Así lo explicó Luis Carlos Ugalde, director de general de la consultoría Integralia, al presentar en el Senado de la República el libro “La Negociación Política del Presupuesto 1997-2018”.

Expuso que el patrón que observado durante este periodo es que la Secretaría de Hacienda, con frecuencia, subestimaba ingresos y partidas de gasto; el Congreso ajustaba el proyecto de presupuesto y los legisladores se dedicaban a etiquetar proyectos.

Además, agregó, existió falta de interés para dar seguimiento a la ejecución del gasto, lo que ocasionó que porciones relevantes del Presupuesto generaran un gasto ineficaz, dispendió y en ocasiones fenómenos de corrupción.

Refirió que entre 2000 y 2012, cuando el PAN ocupaba la presidencia de la República, los Ejecutivos encontraron un modelo de negociación, a través del PRI y sus gobernadores: “Se inauguró una suerte de intercambio clientelar, donde los gobernadores se volvieron el centro de la negociación”.

Fue entonces cuando los gobiernos entraron en una negociación bilateral. A cambio, los gobernadores propiciaban la disciplina de sus legisladores y comenzó a darse un gasto muy importante en los rubros de “gran atractivo político”, abundó.

Luis Carlos Ugalde dijo que con ello inició una fase que dañó la lógica de la negociación del presupuesto: la llamada etiquetación, que posteriormente dio lugar a la “industria de los moches”.

Indicó que fue una tendencia creciente, en la Cámara de Diputados, porque los legisladores encontraron en la etiquetación del dinero y de algunos programas, un modus operandi que les daba apoyo político, y en ocasiones, se daba lugar a comisiones o “moches”.

Esto es una realidad que sucedió, después se institucionalizó en los últimos años en el Ramo 23, donde se crearon fondos específicos que los grupos parlamentarios asignaban de manera directa, subrayó.

Dijo desconocer cómo se integrará el paquete económico en el nuevo gobierno, pero para esta administración la eliminación de los moches es un asunto estratégico, subrayó.

El consultor informó que la evolución del gasto público de 1997 a 2018 pasó de 2.6 billones de pesos a 5.2 billones, es decir se multiplicó el presupuesto.

Mencionó que durante los gobiernos de Acción Nacional, el Congreso influyó más en la negociación del presupuesto, que en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

También comentó que en estos años hubo rubros irreductibles que “no se tocaban”, como los salarios, nóminas y pensiones, “algo que va a cambiar con el PEF 2019, porque el nuevo gobierno ha propuesto una serie de recortes a gastos personales, así como al tamaño y nivel de la nómina”.

Por último, recomendó a los legisladores eliminar la etiquetación de recursos y evaluar la eficacia del gasto para designar partidas. Propuso, además, que la Cámara de Diputados haga una labor de seguimiento y control en la ejecución del gasto.

En opinión de la senadora Vanessa Rubio Márquez, integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, el Ramo 23 no debe eliminarse, sino hacerlo “menos discrecional” y más transparente para “que todo el mundo vea en qué se está gastando”.

La senadora del PRI dijo que “los moches” representan un mecanismo discrecional para el desvío de recursos. Son sin duda, añadió, actos reprochables en el ejercicio presupuestal, por lo que es necesario aspirar a transparentar la asignación y ejecución del gasto federal.

El senador Alejandro Armenta Mier, presidente de la Comisión de Hacienda, mencionó que el presupuesto es el instrumento más importante para el desarrollo y a justicia social, pero que fue utilizado para institucionalizar el saqueo en el país,

Señaló que es una prioridad cuidar y planificar los aspectos macroeconómicos con mucha precisión, pero, aclaró, el Estado mexicano tiene la obligación de compensar a los segmentos de la población más desfavorecidos.