Evaluar eficacia de la prisión preventiva

Se debe ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, a fin de enfrentar la grave situación de inseguridad que prevalece en el país, pero pidió que esta medida cautelar sea transitoria, sujeta a evaluación en un plazo de cinco años para medir su eficacia.

La senadora Guadalupe Murguía Gutiérrez dijo que en la reforma al Artículo 19 de la Constitución se prevé que los delitos de abuso o violencia sexual contra menores, uso de programas sociales con fines electorales, robo de transporte en cualquiera de sus modalidades, desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, sean incorporados a este ordenamiento.

De igual forma, en el dictamen a discusión del pleno senatorial también se agregaron los delitos de corrupción por enriquecimiento ilícito y uso abusivo de funciones, robo de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, y uso de armas de fuego y explosivos exclusivas del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.

En tribuna la senadora Guadalupe Murguía destacó que la prisión preventiva como medida cautelar es un tema controvertido y polémico en materia de derechos humanos, pero advirtió la necesidad de actuar de forma eficaz e inmediata para reducir la incidencia delictiva que padece la población.

Expuso que son múltiples las expresiones de la ciudadanía para aplicar esta medida cautelar, pues a pesar de la detención de personas al cometer un delito, incluso en flagrancia, los inculpados obtienen su libertad a las pocas horas y luego regresan a amenazar a las víctimas para que retiren la denuncia y continuar con sus actividades delictivas.

El impacto social que estos hechos tienen ha traído como consecuencia la escasa confianza que la población tiene en las autoridades de procuración e impartición de justicia, indicó, además de que de la totalidad de los crímenes cometidos en nuestro país, 98 por ciento quedan en la impunidad.

De igual forma, sostuvo que sólo el 6.8 por ciento de los delitos se denuncian porque una gran parte de la población piensa que es inútil hacerlo, pues lo consideran una pérdida de tiempo, como lo revela la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública de 2018 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

“Coincidimos que el respeto a los derechos humanos es fundamental en un Estado de derecho y en un gobierno democrático; sin embargo, no podemos desconocer la grave situación de inseguridad que actualmente vivimos en nuestro país, donde los índices de delincuencia se han venido incrementando año con año”, subrayó.

Por ello, dijo, no podemos ser indiferentes a la necesidad y obligación de actuar para brindar tranquilidad y seguridad a las personas y a sus familias, “la sociedad está exigiendo una respuesta inmediata al grave problema de inseguridad que vivimos en todo el país”.

En consecuencia, el derecho humano puede verse restringido para proteger a las víctimas, a los testigos y a la comunidad en su conjunto, así como evitar riesgos, manifestó la senadora por Querétaro, quien reconoció también que la prisión preventiva no es la única solución al problema de seguridad, toda vez que éste requiere una solución integral con acciones de prevención.

Al respecto, apuntó que se necesitan mayores oportunidades de desarrollo en educación, salud y empleo, así como mayor capacitación en los cuerpos de seguridad federal, estatales y municipales, certificación y controles de confianza, además de una mejor actuación de los ministerios públicos y de las instancias de impartición de justicia del país.

La senadora Guadalupe Murguía expresó que la aplicación de la prisión preventiva oficiosa debe tener un carácter transitorio, sujeta a la evaluación de un plazo de cinco años, con el propósito de medir su eficacia para determinar su procedencia y continuidad.