Vulnerados los derechos humanos de indígenas en centros penitenciarios

Si para cualquier persona resulta delicado enfrentar un proceso penal privado de la libertad, la situación se agudiza para las mujeres indígenas, debido a que para la mayoría de ellas no existen las condiciones para su adecuada defensa; hablan un idioma distinto al español, y en general no son respetados sus derechos humanos en los centros penitenciarios capitalinos, manifestó la diputada Yuriri Ayala Zúñiga.

A finales noviembre, ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, la legisladora del Grupo Parlamentario de Morena consideró lamentable que en dichos centros no se cumpla con lo dispuesto en el Artículo Primero de la Constitución Política Mexicana.

En éste, precisó, se establece que todas las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.

“Preocupa en especial la desatención por parte de la autoridad penitenciaria y de las autoridades corresponsables a los grupos vulnerables, hacia las personas indígenas privadas de la libertad, así como de las niñas y los niños que viven con ellas en el centro penitenciario”, recalcó.

Comentó que de acuerdo con datos de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, hasta mayo de este año, mil 430 mujeres se encontraban privadas de su libertad en los dos Centros de Reinserción Social Femeniles de la Ciudad de México. De esa cifra, el 80 por ciento son madres y 59 viven con sus hijos en las instalaciones carcelarias.

Desde tribuna, Ayala Zúñiga presentó un Punto de Acuerdo –que fue aprobado por unanimidad– para que las autoridades capitalinas del ramo desarrollen programas de inclusión para las mujeres indígenas presas.

“Es fundamental que se reconozcan las necesidades de las mujeres indígenas privadas de su libertad. De ahí la importancia de generar también programas de intervención para las hijas e hijos que viven con sus madres en los centros penitenciarios, así como para aquellos que visitan a su padre o a su madre”, puntualizó.

En ese sentido, exhortó a la Comisión Intersecretarial de Reinserción Social de los Centros Penitenciarios y de Servicios Pospenales de la Ciudad de México a que informe sobre los programas implementados en beneficio de la población privada de la libertad.

De manera particular, señaló, acerca de los programas destinados a la atención de la población indígena y de las mujeres privadas de la libertad, así como de los menores de edad que viven con ellas en esos espacios y los que se encuentran en el exterior.

La diputada Yuriri Ayala pidió a dichas autoridades informar también sobre la creación de espacios en las prisiones, que permitan salvaguardar la integridad de los menores de edad que viven con sus madres o visitan a sus progenitores.

“Además, la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, en coordinación con la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, están obligadas a garantizar el servicio permanente de traductores e intérpretes, para que no sean vulnerados los derechos de las personas indígenas privadas de la libertad”, concluyó.