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Para las familias de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, la emisión del decreto para el fortalecer el derecho a la verdad y la justicia en el caso, firmado hoy por el presidente Andrés Manuel López Obrador, representa una nueva etapa de esperanza en la que “se irá construyendo la confianza”.

Tras apelar a su perseverancia y pedir que la mantenga para dar con el paradero de los muchachos, Doña María Martínez, mamá de Miguel Ángel Hernández Martínez, le pidió a Andrés Manuel López Obrador que siga caminando con las madres y los padres y le señaló que son miles las personas desaparecidas en México. “Estamos acá porque no queremos que ninguna familia pase por todo esto”, señaló.

El decreto ordena la creación en 30 días hábiles de una Comisión Presidencial –coordinada por el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas- que proveerá a los familiares de las víctimas, como coadyuvantes en la investigación, de todos las facilidades y apoyos institucionales que requieran para el esclarecimiento de los hechos. Estará compuesta por familiares de los normalistas, sus representantes y funcionarios de las secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores y Hacienda, además de expertos profesionales y técnicos.

El titular del Poder Ejecutivo señala en el decreto que toda la Administración Pública federal deberá facilitar el ejercicio del derecho a la verdad de las familias; específicamente, el subsecretario Encinas deberá realizar las vinculaciones necesarias con las dependencias y con el aparato de justicia para la buena marcha de la comisión.

“No habrá ninguna traba para llegar a la verdad”, aseguró el presidente López Obrador, quien reiteró que es un asunto de Estado dar con la verdad pues la misma fortalece a las instituciones y señaló la importancia de que sea el primer acto de gobierno en Palacio Nacional del nuevo sexenio. Las familias pidieron que no se les nieguen las audiencias necesarias y se les trate con humanidad.

El decreto –que se publicará mañana en el Diario Oficial de la Federación y entrará en vigor un día después- indica que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se encargará de lo relativo a los recursos necesarios para el funcionamiento “sin obstáculos” de la comisión; mientras que la Secretaría de Relaciones Exteriores se encargará de realizar los convenios necesarios con instancias como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a efectos de que se intensifique la cooperación internacional en el caso.

El Presidente de la República aclaró que la Comisión Presidencial que incluye el decreto no es la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia que ordenó el Tribunal Colegiado de Reynosa, Tamaulipas. Esta última deberá ser creada por la nueva Fiscalía General de la República – como ente autónomo- o, en su defecto, por la actual Procuraduría General de la República. Sin embargo, el decreto sí instruye a la Secretaría de Gobernación que genere los convenios y procesos de trabajo con la Fiscalía a efecto de asegurar su creación.

Además, al instruir a todos los organismos y dependencias a facilitar información que pueda contribuir al esclarecimiento de los hechos, el decreto recuerda que la información relacionada con graves violaciones a los derechos humanos no puede ser reservadae instruye a que se implementen medidas de protección y beneficios para las personas que ofrezcan información relevante.

Mientras que Alejandro Encinas sostuvo que la emisión del decreto es el inicio de una política de Estado “con las víctimas al centro”, las familias resaltaron: “sabemos que con la firma de este documento no quiere decir que todo está solucionado, por eso pedimos que no nos dejen solos”.

Los representantes de las familias adelantaron que, a partir del 5 de diciembre, se dialogará con la CIDH la asistencia técnica, específicamente con personas expertas del Grupo Interdisciplinar de Expertos Independientes (GIEI).