Predomina la impunidad inmobiliaria en la CDMX

Es necesario investigar a fondo a las empresas desarrolladoras que evaden multas y siguen construyendo alterando o retirando sellos de suspensión de obra.

La diputada del PAN, en el Congreso de la Ciudad de México, Gabriela Salido Magos dijo que al citar datos del Gobierno de la Ciudad de México (GCDM), sobre esta práctica inmobiliaria, la legisladora informó que de septiembre de 2017 a junio de este año, se ejecutaron 468 clausuras de obra por alterar las normas urbanas actuales.

Como una medida para enfrentar estas irregularidades y de la mano con los vecinos afectados por esta situación, la panista y Presidenta de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público en el Congreso CDMX, planteó una iniciativa para elevar a 9 años la multa para quien violente sellos de clausura.

Expresó su preocupación por casos como la Torre Insurgentes 2021 en Álvaro Obregón, en donde la obra ya clausurada burló la ley para obtener un permiso de la hoy Alcaldía y hacer trabajos de mitigación y esto, dijo, aún con sellos, lo que alteró la sanción establecida por la Procuraduría Ambiental, la Comisión de Derechos Humanos CDMX y del INVEA.

Al referirse sobre un caso más en Baja California 370, de la Alcaldía de Cuauhtémoc, expuso que la construcción de un edificio rebasaba la altura permitida, violando el uso de suelo autorizado de 24 metros y casi 40 metros, por lo que la PAOT, SEDUVI y el INVEA clausuraron argumentando la violación del uso del suelo respectivo.

Esto, llevo a retirar los sellos indebidamente hasta en 7 ocasiones por parte de los desarrolladores, con lo que se observa un claro y reiterado incumplimiento a la normativa aplicable, sin consecuencia alguna.

La diputada del GPPAN insistió en su propuesta de iniciativa para modificar el art. 81 de la ley de Establecimientos Mercantiles y el 89 y 96 de la Ley de Desarrollo Urbano, así como los artículos 286 y 286 bis del Código Penal, donde aumenta la pena de 4 a 7 años de prisión y de mil a dos mil 500 días de multa tratándose de giros mercantiles considerados de impacto vecinal.

Se incorpora también el supuesto de obras que se ejecuten en predios ubicados en zonas de riesgo o que requieran y cuenten con registro de manifestación de construcción tipos “B” o “C”, de conformidad con lo previsto por el artículo 51 del Reglamento de Construcciones del Distrito Federal, se impondrá de 4 a 9 años de prisión y de mil 503 a 3 mil días multa.

Gabriela Salido consideró relevante el contenido de estas reformas, pues pretende dotar de efectividad a nuestra normatividad, en aras de combatir la impunidad que parecer ser predomina en esta materia.

Según el informe estadístico de la Jefatura de Gobierno, del 16 de septiembre de 2017 al 30 de junio de este año se gastaron 2 mil millones de pesos en la impresión de sellos de suspensión y clausura, con proyección a 4 mil millones para finales de este año.