Dan panista ultimátum al CGDMX Parque reforma

Por medio de la figura de expropiación, el GPPAN en voz de la diputada América Rangel Lorenzana busca destrabar el conflicto de propiedad entre dueños y vecinos por el Parque Reforma Social.

La Presidenta de la Comisión de Desarrollo Metropolitano plantea iniciar un camino legal que acredite la causa de utilidad pública y expida el decreto expropiatorio correspondiente con su estado urbano, ambiental y patrimonio.

En Tribuna, precisó que es clara la intención de los dueños por generar una situación de usura en perjuicio de la hacienda local y junto con ello, la “inoperancia” de las autoridades que en su momento atendieron el asunto, por lo que es necesario que este Congreso de la Ciudad de México “tome cartas en el asunto”.

A través de un Punto de Acuerdo presentado ante el Pleno, la legisladora del GPPAN recordó que hubo intención por la compra-venta del predio y existieron evidencias de que la autoridad jurisdiccional emitió sendos fallos en perjuicio no solo del erario, sino de los contribuyentes con cuyo tributo se solventó la adquisición del predio.

El documento que expone la diputada Rangel, menciona como antecedente que el GCDMX buscó recurrir a una segunda compra-venta y se determinó que el valor del predio ascendía a 170 millones de pesos, suma aprobada por la entonces Asamblea Legislativa vía un Fideicomiso como salida legal a favor de los colonos de Lomas de Chapultepec y Reforma Social.

Sin embargo, dijo, a la fecha no existen indicios de esos 100 millones de pesos y por el contrario, cuando la entonces delegada en Miguel Hidalgo, Xóchitl Gálvez ofreció la adquisición del predio por 200 millones de pesos, los dueños argumentaron que se trataba de una suma menor, ya que de acuerdo a cálculos propios, el predio valdría actualmente mil 800 millones de pesos.

A fin de desahogar esta duda, la panista y solicitó también a la Auditoría Superior de la Federación, aplicar una auditoría al Fideicomiso Público constituido por la ALDF e informar sobre el destino de los 100 millones de pesos y determinar si existe algún tipo de responsabilidad y de cuenta a las autoridades en materia administrativa y penal