En el ojo del huracán el exdelegado en Álvaro O.

Las administraciones de Leonel Luna y María Antonieta Hidalgo en la ahora Alcaldía de Álvaro Obregón serán investigadas por la Contraloría General de la Ciudad de México y la Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJCDMX), luego de que el Pleno del Congreso local aprobó una propuesta de Morena.

En la Sesión Ordinaria de ayer del Congreso capitalino, la diputada Valentina Batres Guadarrama presentó un Punto de Acuerdo para que ambas dependencias realicen indagaciones y finquen responsabilidades administrativas y penales, respecto a la denuncia presentada por la Alcaldesa en Álvaro Obregón, Layda Sansores San Román, por la posible comisión de diversos delitos en ambos gobiernos.

“Los abusos tienden a desprestigiar el papel del gobierno y la democracia; la corrupción limita el crecimiento económico debido a que los abusos generan distorsiones en los mercados, desvío y desperdicio de recursos públicos”, apuntó.

A nombre de la bancada de Morena, recordó que a finales de octubre la actual Titular de la Alcaldía de Álvaro Obregón presentó una denuncia ante la Contraloría General capitalina y la PGJCDMX, tras haber detectado una red de presuntas empresas fantasma que fueron beneficiadas con contratos millonarios por parte de las administraciones de Luna Estrada y Antonieta Hidalgo, previas a la que ella encabeza.

“Con base en las evidencias, se sabe que los contratos con los que se benefició a 5 empresas equivalen a un monto que supera los 124 millones de pesos.

La denuncia resalta que las personas morales presentan irregularidades, tanto en su domicilio fiscal como en la capacidad para proveer los bienes o prestar los servicios”, recalcó.

Valentina Batres explicó que los contratos se otorgaron a las empresas mediante adjudicación directa, y que se determinó suspender los pagos a diversos acreedores en tanto no se aclare si cumplieron con los servicios contratados.

“Se estima un quebranto financiero que supera los dos mil millones de pesos provenientes de recursos federales y locales en los que no se ha acreditado el destino final, ya que dichas empresas no cuentan con el debido registro y los domicilios que proporcionan no corresponden a donde realmente se ubican las empresas, si es que existen”, puntualizó.

Precisó que este año la entonces Delegación Álvaro Obregón firmó tres contratos con la Empresa Distribuidora SAN por un total de 35 millones 990 mil pesos, de los cuales se adeudan 17 millones 52 464 mil pesos. Sin embargo, subrayó, al visitar el domicilio donde supuestamente se ubica dicha compañía, la Alcaldía encontró sólo un despacho de contabilidad.

En tribuna, la legisladora de Morena destacó que con GAMAC Constructores se celebraron tres contratos por 37 millones 216 mil pesos, mientras que con Servicios Especiales para la Construcción Cofradía se signaron otros tres. En ambos casos, en el domicilio indicado en la documentación hay predios de uso habitacional.

Valentina Batres también resaltó que con la Empresa Desarrolladora de Proyectos y Obras Civil se firmaron cuatro contratos, pero que en su portal de internet aparecen cuatro domicilios. Y con respecto a la Comercializadora Los Santos Reyes, indicó que se celebró un contrato de un millón 848 mil pesos y se le entregó un anticipo de 100 mil pesos, además de que existe un adeudo de un millón 748 mil pesos.

En ese contexto, sostuvo que el Congreso de la Ciudad de México debe vigilar el acceso a la justicia no sólo de los órganos administrativos, sino de la sociedad en general.