Focos rojos por reducción agua en la Ciudad México

El Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACDMX), debe incluir a los mercados públicos dentro de las prioridades del plan de abasto de agua con pipas.

Ante la reducción en el suministro de agua potable que se registrará del 31 de octubre al 6 de noviembre y afectará a casi cuatro millones de habitantes de 13 alcaldías, el Congreso de la Ciudad de México aprobó un Punto de Acuerdo para solicitar a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México habilitar a sus visitadores para ser incorporados como supervisores al operativo de abasto de agua potable a través de pipas y contribuir a garantizar el respeto al Derecho Humano de Acceso al Agua Potable.

Este Punto de Acuerdo fue propuesto por la diputada María Guadalupe Aguilar Solache, integrante del Grupo Parlamentario de Morena y presidenta de la Comisión de Gestión Integral del Agua, quien aseguró que el Programa Emergente de Abastecimiento de Agua que se efectuará por medio de 950 pipas será insuficiente, y solicitó a la CDHCM que coadyuve en su vigilancia.

Recordó que toda persona tiene derecho al acceso al agua potable para satisfacer sus necesidades personales y domésticas, y que el Estado tiene la obligación de garantizar este derecho a la población.

La diputada Valentina Batres Guadarrama del Grupo Parlamentario de Morena, presentó una iniciativa de reforma al párrafo tercero del Artículo 177 del Código Fiscal del Distrito Federal, en favor de los usuarios con uso doméstico y no doméstico del Sistema de Aguas de la Ciudad de México.

Detalló que la intención es incorporar, previo a la restricción del suministro de agua debido a la falta de pago, la obligación a cargo del Sistema de Aguas de realizar un convenio de pago en parcialidades con el contribuyente y que de no obtener el pago del crédito fiscal se proceda a la restricción, siempre y cuando se garantice el consumo básico humano diario de las personas que habitan el inmueble del que se trate.

Recordó que en México, el derecho humano al agua es reconocido en el párrafo sexto, artículo 4º de la Constitución federal, sin embargo, dicho ordenamiento suele conllevar ciertas objeciones para su debida implementación.

Batres Guadarrama sostuvo que actualmente es común que quienes tienen menos recursos y agua de peor calidad son quienes pagan más por ella y, quienes están contaminándola y sobreexplotando las fuentes reciben importantes subsidios gubernamentales.

Desde este punto de vista, el acceso al agua se convierte en un instrumento para que pague quien debe hacerlo y así la ciudad cuente con recursos suficientes para diseñar sistemas de subsidio progresivos en beneficio de quien realmente lo necesita, concluyó la legisladora.