Terminar con la corrupción e impunidad de servidores

El Contralor General de la Ciudad de México (GCDMX), Eduardo Rovelo Pico, debe terminar con la impunidad de funcionarios públicos que abusan de su cargo para obtener beneficios en perjuicio de la ciudadanía, y ampliar la información sobre las acciones legales ejercidas por actos de corrupción y opacidad en la actual administración.

Durante la comparecencia del Contralor General ante la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción, el diputado Carlos Castillo Pérez, Presidente de ésta, recordó que la corrupción tiene muchas y diversas manifestaciones que van desde quien da una “mordida” para agilizar un trámite o una multa, comprar bienes, servicios, o hasta la coacción del voto en campañas electorales.

“Estos hechos se agravan si las personas responsables no son sancionadas y genera una espiral de reproducción de los mismos para nunca acabar, de ahí la relación indisoluble entre corrupción e impunidad, recalcó en el Salón “Heberto Castillo” del Recinto de Donceles y Allende.

Mencionó que la Contraloría General de la ciudad recibió 18 mil 598 quejas y denuncias en el último año, de las cuales 2 mil 141 terminaron en sanción a las personas implicadas, es decir, tan sólo el 11 por ciento del total.

Informó que en próximos días comenzará la discusión del diseño y creación del Sistema Anticorrupción local, en el cual se dotará de un Fiscal con el objetivo principal acabar con la corrupción.

Detalló que el objetivo de este Sistema será aplicar sanciones ejemplares “a quien no tenga claro que el servicio público es para llevar a cabo la noble tarea de servir a las y los demás, no para generar riqueza individual, familiar o de grupo”.

Al tomar la palabra, la diputada Lilia Rossbach Suárez subrayó que en Morena se tiene la certeza que la corrupción y opacidad son la médula del malestar que aquejó a las administraciones pasadas, por lo que es un deber terminar con la impunidad que prevalece en la vida política de la ciudad.

Resaltó que en la glosa del último Informe de Gobierno no existe información detallada sobre los recursos ejercidos y fiscalizados a favor de los damnificados por el sismo del 19 de septiembre de 2017.

Otro punto que destacó, fue el del bum inmobiliario en la capital del país, ya que no existen denuncias en contra de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI) y del Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) por estar involucrados o permitir construcciones irregulares.

Respecto al rubro electoral, Rossbach Suárez señaló que tampoco fue posible encontrar acciones legales por coacción y compra de votos en los pasados comicios, donde el Instituto Electoral de la Ciudad de México acreditó el uso faccioso de los programas sociales en las alcaldías de Coyoacán y Álvaro Obregón.

Otra duda, dijo, es sobre los ingresos generados por la colocación de parquímetros en la Ciudad, lo cual afecta de forma directa a la economía popular. Destacó que los contratos son adversos y oscuros, y además se pone a la policía al servicio de las compañías privadas que eluden dar esa información.

Afirmó que los diputados de Morena impulsarán la implementación del modelo anticorrupción de la Ciudad de México, “vamos a contribuir a legislar para que las instituciones sean eficaces, eficientes y, sobre todo, transparente”.

Por último, la diputada Ana Cristina Hernández Trejo solicitó información clara sobre el papel de la Contraloría General de la Ciudad de México en la atención de los damnificados por el sismo de septiembre de 2017, en la que cientos de personas perdieron sus casas.

Hernández Trejo comentó que el desempeño de la Contraloría quedó a deber a la ciudadanía, porque no ha hecho acciones eficaces, transparentes y oportunas en el ejercicio de los recursos para la atención de la emergencia y reconstrucción.

“Resulta inconcebible que la Contraloría se haya desentendido de la atención a la ciudadanía en esta etapa de la emergencia”, enfatizó.

Asimismo, pidió que se sancionen a todos aquellos que han cometido actos de corrupción. “Los servidores públicos tienen una responsabilidad ética, pero cuando lucran valiéndose de su encargo, las sanciones deben de ser proporcionales al agravio público”, concluyó.