Abren puerta a concesiones privadas poco transparentes.

Se exigirá al presidente de México, Enrique Peña Nieto, la revocación inmediata de los diez decretos publicados el pasado seis de junio en el Diario Oficial de la Federación, que eliminan la veda y en el que se establecen reservas de agua en varias cuencas hidrológicas del país.

El senador Ricardo Monreal, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, además, solicitará al Jefe del Ejecutivo abstenerse de otorgar nuevas concesiones al amparo de estos decretos.

Dijo el senador que en coadyuvancia con las fuerzas políticas representadas en el Congreso, promover una discusión nacional que concluya en la construcción de un nuevo modelo de gobernanza hidrológica, que garantice la preservación del recurso y los derechos fundamentales de las y los mexicanos.

El punto de acuerdo que presentará en la próxima sesión del Senado, acompaña el compromiso realizado por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, quien se pronunció por revertir estos decretos como parte de las prioridades legislativas.

Para el senador Monreal Ávila, los decretos de reserva de agua superficial aprobados en junio abren la puerta para que se concedan concesiones a empresas privadas de forma poco transparente.

Conagua podría otorgar concesiones para que mineras, petroleras y empresas al servicio de algunos municipios accedieran a las cuencas antes que los pueblos indígenas, núcleos agrarios y comunidades rural, argumentó.

El senador por Zacatecas explicó que los decretos suprimen zonas de veda y establecen reservas de agua en zonas y ríos seleccionados: Grijalva-Usumacinta (Chiapas, Tabasco y Campeche); Papaloapan (Oaxaca, Puebla y Veracruz); Pánuco (Estado de México, Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Veracruz, Tamaulipas y Nuevo León); Costa Chica de Guerrero y Costa Grande (Guerrero y Oaxaca); San Fernando Soto la Marina (Tamaulipas y Nuevo León); Santiago (Aguascalientes, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, San Luis Potosí, y Zacatecas); Actopan- Antigua (Veracruz y Puebla); Costa de Jalisco (Colima y Jalisco); y Ameca (Nayarit y Jalisco).

Señaló que diversas organizaciones académicas y sociales se advierten algunos aspectos de ilegalidad en los decretos como anormalidades en el proceso de mejora regulatoria, implementación en el contexto actual y afectaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas.

“La expedición de estos decretos es una facultad expresa que le otorga la Ley de Aguas Nacionales al titular del Poder Ejecutivo Federal, existen serias preocupaciones sobre sus alcances e implicaciones por parte de académicos, investigadores y organizaciones de la sociedad civil, particularmente sobre aquellas concesiones que, bajo el amparo de los nuevos decretos, empiecen a operar en favor de los particulares”, aseveró el senador de Morena.