Proteger a la mujer a la familia legítima defensa

La senadora Sylvana Beltrones presentó, a nombre del Grupo Parlamentario del PRI en el Senado de la República, una propuesta de reformas legales, para brindar protección a la mujer y a la familia, cuando se encuentren en el supuesto de legítima defensa, motivada por violencia familiar o amenaza de feminicidio.

La legisladora señaló que la propuesta incluye reformas a Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en su artículo 34 bis, y al Código Penal Federal en sus artículos 15 y 16, para adecuar el marco jurídico en correspondencia con la nueva realidad que las mujeres viven ante el incremento de los delitos violentos en el país.

En este sentido, reiteró el compromiso de la bancada priísta para garantizar la seguridad de las familias y evitar que se criminalice a una mujer o a un padre de familia por defenderse y que proteja y dé impunidad a violadores y asesinos. “El principio fundamental de la legítima defensa es la que nadie puede ser obligado a soportar lo injusto”, subrayó.

Explicó que el término de legítima defensa se logra a través de los atributos que se encuentran recogidos en el Código Penal Federal, y en forma específica exige racionalidad en los medios empleados por quien se defiende, puesto que en caso de exceso se le castiga.

La legítima defensa, abundó, es una afirmación fundamental de justicia ante una agresión sin derecho, por lo cual, no constituye ningún ilícito previa investigación del Ministerio Público.

Por ello, aclaró, al incluir estos términos nos estamos poniendo del lado de las víctimas y no de los delincuentes, ya que el objetivo de esta iniciativa es fortalecer la legítima defensa ya que de avanzar, se ampliaría el ámbito de protección de las mujeres que son procesadas penalmente por defenderse.

“Las acciones de seguridad pública para garantizar la tranquilidad de los mexicanos, deben complementarse con un marco jurídico acorde con la realidad, que proporcione instrumentos que garanticen a los ciudadanos y sus familias, certeza jurídica al defender el derecho a la vida, su integridad o su patrimonio, incluso, en la más extremas de las circunstancias”, concluyó.