Prisión preventiva por los delitos de extorsión robo a casa habitación

La comisión de delitos de extorsión, robo a casa habitación y a negocio, deben ser sancionados de oficio con prisión preventiva, como medida cautelar, a fin de evitar que las víctimas de estos ilícitos se encuentren en riesgo durante los juicios, con los inculpados en libertad.

La senadora panista Guadalupe Murguía Gutiérrez dijo que con este motivo, a nombre de diversas senadoras y senadores de su Grupo Parlamentario, propuso modificar el segundo párrafo del Artículo 19 de la Constitución, para que el juez penal aplique de manera automática la prisión preventiva en estos supuestos.

Lo anterior, añadió, sucede actualmente con los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos violentos cometidos con armas y explosivos, así como en la comisión de delitos graves en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.

La iniciativa, suscrita por los senadores Mauricio Kuri González, Ismael García Cabeza de Vaca y Juan Antonio Martín del Campo, destaca en su exposición de motivos que la prisión preventiva como medida cautelar es un tema controvertido, pues por un lado restringe el derecho humano a la libertad sin sentencia judicial firme, pero por otra, contribuye a garantizar la comparecencia del imputado al juicio, el desarrollo de la investigación y la protección a las víctimas y testigos”.

La senadora expuso en tribuna que el derecho humano puede verse restringido con fines cautelares ante la probabilidad de que el inculpado haya cometido algún delito o de evitar riesgos, por lo cual la ley faculta al juez a solicitar prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes.

Indicó que nuestra legislación no vislumbra alternativas jurídicas que permitan optar por una vía distinta a la prisión preventiva para proteger a las víctimas, a los testigos y a la comunidad, y destacó que esta propuesta atiende el sensible reclamo de la ciudadanía, que en reiteradas ocasiones ha solicitado la aplicación de esta medida cautelar a los inculpados por este tipo de delitos.

La preocupación de sumar al criterio oficioso el delito de extorsión, también obedece a la solicitud de ex magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, quienes contribuyeron a la elaboración de gran parte de esta iniciativa, la cual está basada en sus reflexiones, experiencia y práctica profesional, resaltó.

Destacó que en la campaña electoral, junto con su compañero de fórmula, el actual senador Mauricio Kuri, conocieron múltiples expresiones de comerciantes, amas de casa y personas mayores, que con impotencia, tristeza y frustración narraron la manera en que los delincuentes, detenidos incluso en flagrancia cuando ingresaban a sus domicilios o negocios a robar, fueron liberados después a pesar de haber denuncia.

Al llevar su proceso penal en libertad, muchos delincuentes regresaron a extorsionar a las víctimas, a amedrentarlos y a exigirles el retiro de la denuncia, ya que de no hacerlo dañarían a su familia o patrimonio, lo que obligó a muchas personas a abandonar sus hogares y negocios en un desplazamiento forzoso que en nuestra legislación penal debemos evitar y prevenir, sostuvo la senadora Guadalupe Murguía.

“El impacto social que estos delitos tienen, no nos puede ser indiferente, tenemos la obligación y la necesidad de actuar de forma emergente y rápida para erradicar la incidencia delictiva”, mencionó.

De 2002 a 2016 el delito de extorsión ha venido ocupando el segundo y tercer lugar de los delitos más cometidos en el país, y el robo a casa habitación, de acuerdo con el Observatorio Nacional Ciudadano sobre Seguridad, Justicia y Legalidad, “en México cada seis minutos y 30 segundos, fue abierta una carpeta por este delito durante febrero de 2017”, se destaca en las consideraciones de la iniciativa.

Al igual que el robo a casa habitación, el robo a negocio es otro de los delitos que afecta gravemente a los ciudadanos, toda vez que atenta contra la economía de las comunidades al poner en riesgo los negocios y extinguir las fuentes de trabajo, “ya que a pesar de detener al presunto delincuente, al no existir prisión preventiva para estos delitos, sale de inmediato para llevar el proceso penal en libertad”, se agrega en el texto.

Por ello, la senadora panista por Querétaro indicó que este riesgo latente para las víctimas y el resto de la sociedad debe atenderse y prevenirse con la reforma propuesta al artículo 19 constitucional, con el fin de incorporar estas conductas penales dentro de las que ameritan prisión preventiva oficiosa.