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Atención que otorgará caso de 43 desaparecidos Iguala

  • 26 sept 2018
  • 2 min de lectura

A cuatro años de distancia de los hechos ocurridos del 26 al 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, en agravio de estudiantes normalistas de Ayotzinapa, la Procuraduría General de la República (PGR), reitera que en todo momento se ha aplicado toda clase de recursos técnicos y materiales en las actuaciones y diligencias que componen los 620 tomos del expediente de averiguación previa, entre los que destacan: 1,447 personas declaradas ante el Ministerio Público, 1,945 intervenciones periciales, 22 cateos y 100 extracciones de información de aparatos telefónicos y electrónicos.

Con base en el resultado de las investigaciones llevadas a cabo en relación al caso, se han efectuado además numerosas consignaciones ante los tribunales, de manera que actualmente se encuentran bajo proceso penal 69 personas por el delito de secuestro en agravio de los 43 estudiantes normalistas considerados desaparecidos y 50 por diversos delitos.

La Procuraduría General de la República cuenta con un equipo humano dedicado exclusivamente a la atención de dicho caso. En materia de búsqueda, se han efectuado –entre otras- 650 acciones pie-tierra en acción coordinada de distintas corporaciones, así como aplicado tecnología Lidar en superficies de aproximadamente 1 km² y 60 km², en zonas sugeridas por la representación de las víctimas.

En lo que corresponde a estas superficies, se han revisado de manera directa cientos de puntos específicos en búsqueda de fosas clandestinas, en lo que han intervenido de manera directa integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y peritos de la Procuraduría General de la República, con participación de la representación legal de las víctimas indirectas, y con apoyo de instrumentos como el georadar y con binomios caninos.

Asimismo, en la indagación de los hechos, se han atendido las líneas de investigación planteadas por la representación de los familiares de los estudiantes y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como las que se consideran necesarias a partir de la información que surge de las referidas indagaciones.

Las circunstancias propias de los procesos penales, entre las que se encuentra el alargamiento procesal derivado de los recursos o medios de impugnación promovidos por los procesados en ejercicio de sus derechos, han arrojado que no exista todavía sentencia en relación a dicho caso, cuestión que no resulta atribuible al Ministerio Público.

La PGR reitera, además del compromiso irrefutable, su comprensión respecto a la gran afectación que lo sucedido vino a causar en las familias de los estudiantes normalistas, y a los derechos que por ley les asisten en esa condición, así como el legítimo derecho que tienen para mantener sus demandas de justicia.



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