Congreso no cumple con sus facultades constitucionales

En 2018, por cada peso de endeudamiento del Gobierno federal sólo 56 centavos se destinarán a inversión pública.

De mantenerse la tendencia actual, la deuda seguirá aumentando sin tener claridad sobre su uso y destino, pero en un contexto aún más complicado, ante el envejecimiento de la población y el consecuente aumento del gasto en pensiones.

Ante éste y otros escenarios que ponen de manifiesto la débil responsabilidad hacendaria en México, las ocho organizaciones que conforman el Colectivo Peso, junto con Coparmex, dieron a conocer su propuesta para la conformación de un órgano técnico bicameral, que fusione al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados (CEFP) y la Dirección General de Finanzas del Instituto Belisario Domínguez en el Senado.

El Consejo Fiscal (CF), según lo define esta propuesta, gozaría de un nuevo diseño institucional, el cual deberá garantizar tres condiciones mínimas: 1.) ser apartidista; 2) ser una voz autorizada en los temas de finanzas públicas con amplia participación en los medios de comunicación, y 3) contar con las funciones y productos propios de un Consejo Fiscal como evaluar la política fiscal y las consecuencias de implementar diferentes cursos de acción; elaborar o evaluar estimaciones macroeconómicas y presupuestarias no sesgadas; y analizar la salud y sostenibilidad de las finanzas públicas.

En este sentido, enfatizaron que el actual Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) no está blindado de la intervención política en su funcionamiento. Tampoco tiene voz o presencia en medios para nutrir e informar al debate público; y dadas sus atribuciones actuales, se encuentra limitado al realizar análisis de impacto en cuanto a sus temas, la posibilidad de estudiar la sostenibilidad presupuestaria en el tiempo y de ampliar el periodo de análisis del impacto presupuestario.

Entre otras, el documento dado a conocer hoy plantea: el establecimiento de un Consejo Consultivo del Consejo Fiscal, integrado por especialistas en la materia; las características del proceso a seguir para el nombramiento de la persona que encabezaría el CF; las atribuciones específicas para que el nuevo CF pueda difundir y publicar sus análisis sin restricciones de los partidos políticos; la necesidad de regular al CF en una ley propia; así como las características que deberá cumplir para tener autonomía en su plan de trabajo: un presupuesto adecuado y transparente , y la profesionalización de su equipo de trabajo.

Destacaron que, de acuerdo con la experiencia internacional, los CF enriquecen la discusión fiscal a través del análisis, la información, el monitoreo y las recomendaciones que llevan a cabo. De esta forma, el Consejo Fiscal es una voz autorizada que señala públicamente los contras y los beneficios de aprobar una política fiscal y de esta forma, contribuye a aumentar los costos reputacionales y electorales de llevar a cabo políticas poco saludables o de romper compromisos establecidos.