Por violación a la ley piden la intervención del Presidente

Urge que los operadores jurídicos, como Jueces, Ministerios Públicos y defensores legales, se apeguen al Esquema Penal Acusatorio, para evitar violaciones a la ley como sucede con el caso de Irma de Los Ángeles Magaña Campos, en contra de quien la Juez 37 de lo Penal, Yuridia Quintero, libró una orden de aprehensión que la mantiene presa injustamente en el Penal Femenil de Santa Martha Acatitla.

Los abogados Paris Aguilera Baeza y Raymundo Álvarez Reyes, defensores de Magaña Campos, señalaron que de acuerdo al expediente 122/2018, la jueza actuó ilegalmente porque en todo caso debió haber dictado una medida cautelar como la firma periódica, pero no aprehenderla ni privarla de su libertad.

En conferencia de prensa, los defensores de la presunta inocente, quien ha sido objeto de agresiones que han puesto en peligro su vida al interior del penal y presionada para que firme acuerdos con los que sería despojada de su patrimonio familiar, dijo que está injustamente detenida en Santa Martha Acatitla, acusada de un supuesto fraude procesal, delito que la legislación no tipifica como grave.

Demandaron urgentemente al Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Doctor Álvaro Augusto Pérez Juárez y al Presidente Electo de México, Andrés Manuel López Obrador, su inmediata intervención en este caso que es a todas luces ilegal, improcedente e injusto.

Estoy seguro, puntualizó el abogado Paris Aguilera que el Presidente del Tribunal no está enterado de esta situación. Hay jurisprudencia de la Corte en donde la Señora Magaña Campos debe afrontar esta situación en libertad, principalmente porque no ha cometido delito alguno y porque se encuentra muy delicada de salud.

Paris Aguilera demandó la libertad inmediata de su representada al argumentar que con prácticas ilegales y en violación al Sistema Penal Acusatorio, le han privado de su libertad para pretender quitarle el patrimonio de sus hijas, forjado por su esposo, un empresario hotelero, fallecido hace cuatro años en Cancún, Quintana Roo. Por un adeudo de 30 millones de dólares ya pagados, pretenden despojarla de inmuebles con valor de 120 millones de dólares, denunció.

Durante la rueda de prensa, el abogado defensor de Irma de Los Ángeles Magaña Campos, expuso que su defendida es una persona que estuvo casada con Salvador Francisco Ornelas, quien en su momento generó cientos o miles de empleos en la zona turística de Cancún.

El esposo falleció el 21 de enero de 2014, cuando ya estaba involucrado en un juicio por la operación del Hotel Great Parnassu tras la celebración de un contrato de fideicomiso entre Desarrollos Pami S.A. de C.V. y CPI NA Parnassu B.V. The Bank of de New York Mellon, S. A. Institución de Banca Múltiple División Fiduciaria.

Explicó que al fallecer su esposo, la Señora Magaña Campos se vio obligada a defender el patrimonio de su familia, por lo que sin conocer de leyes, se vio forzada a participar en juicios como aval de Desarrollos Pami S.A. de C.V. y a firmar un reconocimiento de deuda, ante un nuevo jugador, que misteriosamente adquirió los derechos del fideicomiso, Grupo Tsetaro Sociedad Anónima de Capital Variable.

Al no obtener los onerosos pagos que quería de parte de Irma de Los Ángeles Magaña Campos, Grupo Tsetaro Sociedad Anónima de Capital Variable, logró que mediante violaciones a sus derechos humanos y sin ser sometida a un debido proceso y negando su presunción de inocencia, la presunta inculpada esté recluida con un problema que ella no generó y a pesar de que ya existía una garantía de pago en el fideicomiso que su esposo firmó.

El abogado Paris Aguilera, quien empezó a sufrir amenazas de muerte por el proceso de defensa de la Señora Magaña Campos, indicó que a su defendida le fue dictado auto de formal prisión por fraude procesal –lo que no significa un delito grave- y a pesar de que se encuentra en vigencia el Sistema Penal Acusatorio, extrañamente su expediente fue enviado al Sistema Inquisitivo, lo que da una lectura de incumplimiento, ilegalidad y abuso de poder.

Finalmente, advirtió que su defendida debe salir lo más pronto posible del Penal, ya que padece problemas graves de salud, lo que, de complicarse, podría convertirse en el primer feminicidio causado por una autoridad judicial.

Y dijo que de ser necesario recurrirá a todos los organismos nacionales e internacionales de protección a la mujer porque también se trata de un asunto de discriminación a la mujer. Están violentando también los acuerdos y convenciones de protección y respeto a los derechos humanos de la mujer, para erradicar y sancionar la violencia en contra de la mujer.