Nadie por encima de la ley

PESQUISA POLITICA

Las reformas constitucionales aprobadas por el Pleno de la Cámara de Diputados, con las cuales se elimina la figura del fuero, se espera que con ellas nadie esté por encima de la ley, mucho menos quienes han jurado hacerla cumplir.

Todos los servidores públicos tienen la obligación de ejercer el encargo conferido con apego a derecho y con honradez, eficiencia, eficacia y con espíritu de servicio a la sociedad.

Ahora el Senado de la República debe de dar curso a esta minuta en el transcurso de esta semana, para que se apruebe antes de que termine este último periodo ordinario de sesiones que concluye el día 30 de abril.

Luego de obtener el aval de la Cámara Alta, los congresos estatales deben de ver con buenos ojos esta iniciativa, toda vez que con ello se da cumplimiento a una de las más sentidas demandas de la ciudadanía, pues la intención es reformar una figura que se ha desvirtuado con el paso de los años y se ha convertido en sinónimo de impunidad.

En su momento, el fuero se instituyó en nuestra Carta Magna para proteger a quienes opinan distinto, para salvaguardar las voces que disienten.

Sin embargo se desvirtuó y con ello incrementó la percepción de que en el desempeño de cargos públicos se cometen violaciones a la ley y éstas quedan impunes.

Contra la impunidad, además de eliminar el fuero se requieren fiscalías que sirvan y la revocación de mandato.

La eliminación del fuero no es suficiente para combatir la impunidad, se debe de castigar la corrupción política y que se ponga del lado de la ciudadanía.

Además se requiere instrumentar la revocación de mandato que fue uno de los temas pendientes de la reforma político electoral de 2014.

La revocación del mandato significa devolver el poder a la ciudadanía de decidir sobre sus gobernantes, y quitarlos cuando no cumplan con lo prometido.

Para que el fuero no se convierta en un instrumento de persecución de las voces opositoras, como lo han advertido especialistas, es necesario diseñar una Fiscalía General autónoma, independiente y con facultades efectivas para combatir la corrupción política; al tiempo de que establezca las líneas generales de actuación a las fiscalías estatales.