Ni centímetro de varilla fuera de ley

“Tenemos que detener el crecimiento urbano desordenado; la voracidad no debe ser moneda de cambio y ni un centímetro de varilla puede estar fuera de la ley. Basta del caos, la improvisación gubernamental y por supuesto de la corrupción. La corrupción se debe pagar con inhabilitación o con cárcel”, exigió el diputado federal Santiago Taboada Cortina y propuso una reforma constitucional para crear la Agencia Nacional de Desarrollo y Política Urbana y el Sistema Nacional de Desarrollo Urbano.

l legislador del PAN, afirmó que los vecinos merecen certeza, y se debe ubicar a los responsables directos de las anomalías y la corrupción alrededor del desarrollo urbano y terminar con la centralización administrativa que ha impedido erradicar prácticas como la falsificación de documentos del uso del suelo y detonar el boom inmobiliario. “Debe existir una articulación de una política nacional que regule el desarrollo urbano armonizándolo con el crecimiento económico y de la población”, dijo desde la tribuna de la Cámara de Diputados al presentar la iniciativa de reforma constitucional al apartado “D” al Artículo 26 de la Carta Magna.

Taboada Cortina afirmó que “las ciudades exitosas lo son porque su crecimiento es ordenado y tienen una visión de largo plazo, se desarrollan anteponiendo a la persona y sobre todo, su calidad de vida”; por ello llamó a crear instancias superiores a las locales de coordinación que establezcan por mandato legal, las directrices, los análisis, estudios y políticas que regulen la expansión de las ciudades, pues es una realidad que ésta sobrepasó los límites geopolíticos, generando necesidades de coordinación para el desarrollo de las ciudades y particularmente de las metrópolis.

Aseguró que el crecimiento desordenado de las grandes urbes ya no es exclusivo de la

Zona Metropolitana del Valle de México; prácticamente todas las Entidades Federativas han tenido la necesidad de improvisar controles legales en el desarrollo de sus ciudades, adoptando agendas que en poco o nada corresponde a su identidad regional, necesidades de la población, servicios y calidad de vida.

El legislador llamó a transitar de un Consejo a un órgano de rango constitucional a manera de Agencia, que cuente con su propia autonomía técnica, operativa, financiera y de gestión; que no se encuentre supeditado a los controles, límites y restricciones que su actual estatus jurídico le confiere y en el que se definan verdaderas acciones de regulación desde una perspectiva integral e integradora.

“Los alcaldes por supuesto, los presidentes municipales, deben estar en el centro de la toma de decisiones regulando la participación de los sectores público y privado e involucrando a expertos, especialistas y a la sociedad civil”, dijo.

Finalmente, explicó que por tratarse de un organismo cuya existencia ya se prevé en

términos financieros a manera de Consejo, el gasto adicional sería mínimo en comparación con los beneficios obtenidos, pues se aprovecharía la estructura, los recursos humanos y materiales, la información generada y presupuesto con que ya cuenta el actual Consejo Nacional de Ordenamiento Territorial.

La creación de la Agencia tiene la finalidad de ordenar, establecer mecanismos de coordinación, detener el crecimiento urbano desordenado que tanta afectación ha causado no sólo a nuestra Ciudad, sino a la Zona Metropolitana del Valle de México y a muchos estados de la República, que hoy ven en este crecimiento desordenado perjudicados sus servicios y su calidad de vida.

La propuesta adiciona un apartado D al Artículo 26 de la Constitución donde se establezca un Sistema Nacional de Desarrollo Urbano, para instituir a nivel nacional los contenidos, mecanismos, estudios, análisis, procedimientos y definiciones de una política nacional.