El robo de combustible

El fenómeno del robo de combustibles se ha disparado en los últimos tres años, curiosamente, de la mano de la apertura del mercado energético y el descuido creciente en torno a la infraestructura de Pemex y de sus ductos. En 2015 se localizaron 5, 252 tomas clandestinas y para 2016 se elevó a 6,873 el número de las mismas y para finales de 2017 se calculaba en cerca de 9 mil las tomas clandestinas.

Este incremento sólo refleja que las autoridades no han hecho su trabajo o, peor aún, que están coludidas con los grupos criminales que realizan esta práctica. No hay una estimación correcta del volumen de petrolíferos, principalmente gasolinas, que se extraen de los ductos de transporte y distribución y que se comercializan de manera ilegal. Algunos cálculos hablan de más de 27 mil millones de pesos anuales, pero la Secretaría de Energía ha insistido en minimizar el fenómeno y su impacto real.

Con la apertura del mercado de gasolinas, en 2017, la dificultad para cuantificar las pérdidas del robo se incrementaron porque antes de ese año la mayoría de las gasolinas producidas e importadas provenían de Pemex. A partir de 2018 se espera que las empresas privadas que ya operan en el sector importen de manera directa las gasolinas que comercialicen.

Las reformas aprobadas, si bien son necesarias, no son suficientes para enfrentar este problema mayúsculo porque no ataca la gran corrupción que existe en los altos mandos de Pemex y se limita a sancionar a las partes más débiles de esta cadena de crimen organizado.

Las modificaciones facultan a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para imponer medidas de prevención cuando advierta que una persona realiza actividades reguladas sin permiso o no acredite la adquisición lícita de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos. Estas atribuciones no son suficientes si no se le dota a la CRE de los recursos necesarios para que pueda cumplir a cabalidad sus obligaciones. La Comisión tendrá mayores responsabilidades para llevar un control volumétrico, detallando el origen y destino de los hidrocarburos, además del control de calidad correspondiente. Estas tareas difícilmente se pueden cumplir con un presupuesto de 347 millones de pesos anuales que palidecen frente al volumen que calcula en más de 20 mil millones de pesos el negocio ilícito de los hidrocarburos.

Esta práctica constituye tan sólo una de las que forman parte del incremento de las prácticas de corrupción en el país que provocaron que México cayera del lugar 123 en 2016 al lugar 135 de un total de 180 países evaluados por Transparencia Internacional en materia de índice de percepción de la corrupción.

Este tipo de reformas son tan sólo aspirinas para un desafío mucho mayor que no puede dejarse sólo en manos de la CRE.