La Policía Federal viola los Derechos humanos de todos Migrantes detenidos por ellos

Para favorecer la armonización de la Ley de la Policía Federal en materia de acciones en asuntos migratorios, la senadora Diva Gastélum Bajo propuso reformar el artículo 8 de dicho ordenamiento.

Con este planteamiento se busca eliminar las malas prácticas atribuidas a la Policía Federal y establecer únicamente su colaboración como autoridad auxiliar en traslados de extranjeros presentados o en proceso de retorno, voluntario o a solicitud expresa del Instituto Nacional de Migración (INM).

La senadora del PRI dijo que la Policía Federal podrá ejercer, en el ámbito de su competencia y a solicitud expresa del Instituto Nacional de Migración, las facultades que en materia migratoria prescriben la Ley de Migración, su Reglamento y demás disposiciones legales.

Prestar apoyo al Instituto cuando este así lo solicite, para verificar que los extranjeros residentes en territorio nacional cumplan con las obligaciones que establece la Ley General de Migración, sin que ello implique que puedan realizarse de forma independiente funciones de control, verificación y revisión migratoria; y apoyar el aseguramiento que realice el INM y, en su caso, resguardar las estaciones migratorias a los extranjeros que violen la Ley de Migración, cuando el Instituto así lo solicite.

Diva Gastélum destacó que México es un país de emigración, inmigración, tránsito, retorno, al igual que de migración interna y forzada, y no reconocida en todos sus términos, de desplazamiento interno; añadió que según la Unidad de Política Migratoria, entre enero de 2013 y abril de 2017, se presentaron 627 mil 433 eventos de migrantes que han ingresado en las estaciones migratorias del INM por no acreditar su situación migratoria, siendo 2015 el año con más casos, casi 200 mil.

Estos datos -dijo- muestran que el tema migratorio es delicado y que se tiene que actuar para agilizar y hacer que el respeto a los derechos humanos no sea un hecho segmentado para un área de la población, sino que también el tema esté dentro de los derechos humanos

De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), agregó la senadora, una de las principales autoridades relacionadas con presuntas violaciones de derechos humanos en contra de personas migrantes es la Policía Federal.

Perfeccionar procesos de resolución del Conapred, proponen en el Senado· Iniciativa establece la creación de un reglamento que garantice claridad e igualdad en los procesos de conciliación y quejas

Plantea incorporar el Reglamento del Procedimiento de Queja del Conapred, y el procedimiento de queja se llevará a cabo conforme a lo establecido en el mismo.

El Conapred podrá orientar a las personas peticionarias y agraviadas en los términos establecidos en el Estatuto Orgánico, y se aplicará supletoriamente a Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

La conciliación procederá hasta antes del cierre del periodo de investigación; en tanto que la notificación de la resolución que se emita en el procedimiento de queja que contenga la imposición de medidas administrativas y de reparación se realizará por cualquier medio que brinde certeza a las partes, privilegiando los medios electrónicos.

La propuesta puntualiza que la aplicación de medidas, tanto administrativas como de reparación, se ejecutará en la vía judicial correspondiente.

La senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del PRD, expuso que el objetivo es perfeccionar los procesos de resolución del Conapred, para garantizar condiciones de igualdad a favor de la población.

A pesar de encontrarse obligados por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley de Transparencia del Estado de Zacatecas, ningún juez ni magistrado del Poder Judicial de Zacatecas ha publicado una sola sentencia emitida en los últimos dos años bajo el argumento de que ninguna ha sido considerada de “interés público”. Esta situación es violatoria del derecho de acceso a la información.

Por ello, un colectivo de ocho organizaciones promovieron el pasado 23 de marzo, un juicio de amparo ante un Juzgado Federal en Zacatecas en contra de todos los jueces y magistrados de Zacatecas, el gobernador y el Congreso Local por no cumplir con su obligación de hacer públicas, en el Portal Nacional de Transparencia, las sentencias que han emitido. Dicha demanda fue admitida por Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas.

Actualmente las leyes de transparencia obligan a poner a disposición de la ciudadanía sólo las sentencias de “interés público”, pero este concepto no está definido y en él se escudan las personas juzgadoras jueces y magistrados para mantener su labor en la opacidad. Con este recurso legal interpuesto en Zacatecas se busca que las autoridades establezcan una definición de este concepto, que determinen que TODAS las sentencias son de interés público y que TODAS deben ser publicadas.

El 3 de abril, el Juzgado Tercero Civil de Zacatecas reconoció su omisión y en un informe justificado respondió: “Es cierto el acto reclamado. Esta autoridad no ha elaborado versiones públicas de sentencias de interés público emitidas por este juzgado, a fin de que fueran puestas a disposición del público, ni ha puesto a disposición del público las sentencias de interés público emitidas por este órgano jurisdiccional.”

La opacidad en la que opera la mayor parte de los Poderes Judiciales es un asunto que debe ser considerado de gravedad. Si la sociedad no tiene acceso a las sentencias, no puede evaluar la forma en la que se imparte justicia, no es posible evitar que se emitan sentencias discriminatorias, no se pueden detectar actos de corrupción, pues la labor de este Poder se encuentra al margen del escrutinio ciudadano. La publicación de las sentencias es una herramienta que también debe permitir evaluar si las capacitaciones en los Poderes Judiciales locales, en las que se han invertido cerca de 596 millones de pesos[2] en los últimos diez años, realmente están teniendo un impacto positivo.

La estrategia de litigio del colectivo será replicada en el resto de los estados que no cumplen con sus obligaciones de transparencia, ya que la falta de rendición de cuentas y transparencia representa incentivos para que servidores públicos cometan actos de corrupción.

En en el caso de Aguascalientes tampoco ha publicado una sola sentencia en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT). ¿Debemos creer que en todo el Poder Judicial de Aguascalientes no se ha emitido una sola sentencia de interés público? No lo creemos. En cambio consideramos que hay altas posibilidades que, como en el caso de Zacatecas, los encargados de impartir justicia simplemente están violando la ley.