En riego financiamiento público de las campañas electorales

El esquema constitucional que prepondera el financiamiento público sobre el privado en las campañas electorales está en riesgo, en particular en el proceso comicial de este año en el que están en juego cientos de cargos de representación popular y ante el creciente número de quejas sobre el manejo de los recursos.

Se debe de analizar los alcances y límites actuales del sistema de fiscalización establecido en la Constitución Mexicana, relativo al uso de capital monetario en las campañas electorales de todos los niveles de Gobierno.

El sistema mantiene dos criterios: 30 por ciento se distribuye de forma igualitaria para los partidos políticos y el 70 por ciento es proporcionado en función de la votación obtenida en la última elección.

Este esquema está en juego en este proceso electoral.

Son necesario los diálogos democráticos, así como la rendición de cuentas por parte de los aspirantes, en particular en lo que será la elección más importante en la historia de México.

“Faltan piezas” o es necesario cambiar otras que ya no funcionan para mejorar el sistema de financiamiento electoral, y que el asunto medular es que existen muchos temas del engranaje institucional que deben ser resueltos.

Hasta el momento se ha permitido el uso irregular de los programas sociales, de subsidios y de recursos fiscales en poder del gobierno para financiar campañas proselitistas.

Nadie puede tener una capacidad de gasto como la que se ha visto en recientes elecciones, sin utilizar recursos que están en poder y manejo del Poder Ejecutivo.

Es necesario que los particulares deben ser sujetos obligados de las leyes de transparencia y no solo ser invitados a participar voluntariamente en ese mecanismo de control.