Convenio de colaboración Entre el TSJCDMX-STFE

Autoridades del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX) y de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo del gobierno capitalino signaron un convenio de colaboración, cuyo fin es acercar a las personas sujetas a medidas cautelares y a suspensión condicional del proceso a programas de auto ocupación productiva, bolsas de trabajo, seguro de desempleo, entre otros, como un componente fundamental para la reinserción social.

En la sede del órgano judicial, su presidente, magistrado Álvaro Augusto Pérez Juárez, afirmó que las medidas no privativas de la libertad son un mecanismo democrático y garantista, que aunadas a las estrategias del sistema procesal penal acusatorio, tienden a alcanzar un equilibrio entre derechos de los imputados y de las víctimas, sin perder de vista el interés de la sociedad por la seguridad pública y la prevención del delito.

Con la presencia de la titular del ramo, Amalia García Medina, el jurista mexiquense destacó que las instituciones tienen la corresponsabilidad de garantizar medidas no privativas de la libertad a los imputados, así como de proporcionar distintas opciones que reduzcan su aplicación, siempre bajo la perspectiva de las exigencias de la justicia social y las necesidades de rehabilitación de los inculpados.

Subrayó que la vinculación entre la dependencia del gobierno de la ciudad y el TSJCDMX, busca fortalecer las acciones con las que se inserte en el ámbito laboral a personas imputadas en el sistema procesal penal acusatorio, mediante los programas sociales de la secretaría, que bien pueden ser para la obtención de un empleo o mediante el aprendizaje de un oficio, arte, industria o profesión.

El también presidente del Consejo de la Judicatura local refirió que para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de acuerdo con su Informe sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas de 2013, uno de los problemas más graves y extendidos que padecen los países miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA), es el uso excesivo, y no excepcional, de la prisión preventiva.

Recordó, asimismo, que las Reglas de Tokio plantean, como principio básico, fomentar entre las personas en conflicto con la ley penal su sentido de responsabilidad hacia la sociedad, y, por tanto, la reinserción constructiva de los imputados susceptibles de medidas cautelares o de la suspensión condicional del proceso.

La secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo, Amalia García Medina, destacó por su lado, la importancia de la implementación del sistema procesal penal acusatorio en la Ciudad de México, y recalcó la relevancia de estar a la vanguardia en la reinserción y reincorporación de las personas a la sociedad, a fin de que tengan una vida plena en cuyo centro esté el derecho fundamental al trabajo.

Puntualizó que resulta fundamental para que haya reinserción programas para el acceso al empleo o autoempleo, auto ocupación productiva, bolsa de trabajo y seguro de desempleo.