PESQUISA POLÍTICA

El respeto al Estado de Derecho como hilo conductor del actuar del Estado y la sociedad, es un principio básico para la consolidación de los procesos democráticos en nuestro país.

Quienes ostentan cargos públicos deben conducirse con apego a la legalidad y a los principios constitucionales de honradez e imparcialidad, en el cumplimiento de sus funciones, empleos, cargos y comisiones.

Las conductas contrarias a estos principios atentan contra el interés público y ponen en riesgo nuestra democracia.

Es necesario que los diputados federales impulsen las modificaciones tendentes a garantizar los procesos electorales, pues su importancia será la construcción de una sociedad más justa e igualitaria.

A pesar de los avances legales en materia electoral, y de las amplias y complejas regulaciones para evitar añejas prácticas de propaganda política con recursos públicos, aún persiste la utilización de estratagemas que violentan las reglas democráticas, para favorecer a un partido o candidato.

Tal es el caso de la utilización de espacios públicos, como oficinas gubernamentales, centros comunitarios, hospitales o escuelas, que se han convertido en estandartes de identificación ideológica por medio del uso de los colores partidistas de la administración en turno.

El uso de colores partidistas en este tipo de inmuebles constituye una violación a diversos ordenamientos legales en la materia.

Al no contemplarse en la norma su prohibición expresa y, en su caso, las correspondientes sanciones, se abre un margen de discrecionalidad para incurrir en ella, con total impunidad.

El objetivo es incluir en la norma, la prohibición expresa, así como la sanción para aquellos servidores públicos que ordenen o instruyan la identificación de los espacios y edificios públicos bajo su administración con los colores o variaciones de lemas, imágenes o logotipos que se asocien con algún partido político.