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Otra jugada del Poder Federal

2 abr 2018
4 min de lectura

Familiares de personas desaparecidas en México y organizaciones no gubernamentales, exigimos que la Comisión Nacional de Búsqueda dependa directamente de la Secretaría de Gobernación. No queremos más simulación para perpetuar la impunidad, que es política de Estado.

El día de hoy, 2 de abril de 2018, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se modifica el Acuerdo por el que se adscriben orgánicamente los órganos administrativos desconcentrados de la Secretaría de Gobernación. Mediante este Acuerdo, se establece que la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) quedará adscrita a la Comisión Nacional de Seguridad (CNS). Lo anterior resulta inaceptable para los colectivos y organizaciones, entre otras razones por lo siguiente:

En sus consideraciones, el Acuerdo referido argumenta que la adscripción se justifica debido a que la CNS es el ente encargado de coordinar “el ejercicio de las funciones en materia de seguridad pública federal”. Este argumento pasa por alto el hecho de que las atribuciones de la CNB van más allá del ámbito federal y más allá de tareas en materia de seguridad pública. Conforme al artículo 50 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda el objeto de la CNB consiste en:

Impulsar los esfuerzos de vinculación, operación, gestión, evaluación y seguimiento de las acciones entre autoridades que participan en la búsqueda, localización e identificación de personas.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a colaborar de forma eficaz con la Comisión Nacional de Búsqueda para el cumplimiento de esta Ley.

Así, la Comisión Nacional de Búsqueda es la entidad responsable de conducir y coordinar toda la política pública en materia de búsqueda de personas. Lo anterior significa que orgánicamente debe contar con las herramientas técnicas, legales y políticas para generar la coordinación y vinculación entre distintas autoridades de todos los niveles de gobierno y con la propia sociedad civil para la concreción de una política de Estado que garantice búsqueda efectiva y localización de las personas desaparecidas o no localizadas, entonces de ubicarse ésta subordinada a la Comisión Nacional de Seguridad, le quita la autoridad para poder convocar y concretar dichos acuerdos y limita en extremo su funcionamiento, ya que la acota a una entidad cuyas atribuciones se limitan a funciones de seguridad pública en el ámbito federal.

Debido a la extrema gravedad y relevancia política del problema de las desapariciones en nuestro país, la posición y estructura orgánica de la CNB debe reflejar el compromiso del gobierno con este tema. Por lo anterior, lo apropiado es que la CNB sea adscrita directamente al Secretario de Gobernación, ya que esto le permitiría cumplir de mejor forma sus atribuciones de coordinación, conducción y vinculación interinstitucional de una política integral para la búsqueda de personas.

Es necesario recordar, que durante el diálogo y negociación de la Ley este fue uno de los puntos álgidos de discusión y que si bien no estuvimos del todo de acuerdo en que quedará como un órgano administrativo desconcentrado, confiamos en el compromiso de la Secretaría de Gobernación, de que se le respetaría y otorgarían facultades amplias, para enfrentar la grave tragedia de las desapariciones en México. Es importante mencionar que existen Órganos Desconcentrados adscritos directamente a la Secretaría de Gobernación con este mismo nivel de jerarquía como la propia Comisión Nacional de Seguridad, un órgano con facultades iguales fue el compromiso que asumió el Gobierno Federal.

Por último, la Comisión Nacional de Seguridad no cuenta con la confianza de los colectivos de familias, dado que no ha favorecido el esclarecimiento de los múltiples casos de policías federales desaparecidos, ¿cómo esperar que ayude a encontrar a otros? Por otro lado, la ley de egresos le ha dotado a la CNB de un presupuesto específico, justamente para dotarle de esa autonomía relativa, ¿administraría ahora la CNS esos recursos afectando su capacidad de toma de decisiones? ¿a quién responderá el Comisionado Nacional de Búsqueda, al Sistema Nacional de Búsqueda o a la Comisión Nacional de Seguridad?

Debe señalarse que el proceso de construcción de la Ley General en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares y del Sistema nacional de búsqueda de personas se había caracterizado por la apertura a la participación de las familias de personas desaparecidas. Lamentamos profundamente que el Secretario de Gobernación haya roto los compromisos asumidos anteriormente por esa Secretaría y que, de forma unilateral, haya decidido debilitar orgánicamente a la entidad responsable de encarar el reto más importante de México en materia de derechos humanos.

Además, con su decisión el Secretario de Gobernación manda un mensaje de desdén al trabajo realizado conjuntamente con decenas de colectivos de familiares y organizaciones de la sociedad civil.

Exigimos se respete y garanticen todas las facultades y recursos institucionales y financieros para que la Comisión Nacional de Búsqueda funcione con la autoridad y capacidad con la que fue diseñada, lo cual implica que esté adscrita al Secretario de Gobernación, al nivel de la propia CNS, no debajo de ella



 
 
 

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