Se declare nula y sin efecto, Acuerdo con la Ley General Sobre Tortura vigente en México

Asimismo, se insta a la PGR a realizar investigaciones en un plazo razonable e identificar a los responsables de las detenciones arbitrarias, las torturas y otras violaciones de derechos humanos. La Visitaduría General de la PGR llevó a cabo en 2016 un esfuerzo genuino para investigar algunas de las violaciones, señala el informe. Pero esta investigación interna fue frustrada posteriormente por el remplazo de los funcionarios comprometidos con dicho empeño y, hasta la fecha, no se han producido imputaciones ni sanciones en relación con los actos de tortura y otras violaciones de derechos humanos.

“Las conclusiones del informe apuntan a un patrón de comisión, tolerancia y encubrimiento de actos de tortura en la investigación del caso de Ayotzinapa. Esta pauta no sólo constituye una violación de los derechos de las personas detenidas, sino también del derecho a la justicia y la verdad de las víctimas de los hechos de septiembre de 2014, sus familiares y la sociedad en su conjunto”, declaró el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein.

En el informe se pide al Estado mexicano que elabore y aplique el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura. Asimismo, se exhorta al Congreso a adoptar reformas legales que garanticen realmente la independencia, autonomía y profesionalismo de la Fiscalía General de la República y que incluya órganos de control interno y procesos de rendición de cuentas.

Estado mexicano debería, además, implementar la recomendación del Alto Comisionado para los Derechos Humanos sobre la creación de un consejo asesor de lucha contra la impunidad.

Este informe no aborda quiénes fueron los responsables de la desaparición forzada de los 43 estudiantes y de las muertes de otras seis personas. Sin embargo, al arrojar más luz sobre algunas de las deficiencias de la fase inicial de la investigación, busca contribuir a la verdad en lo referente a estas desapariciones.

“El caso Ayotzinapa pone a prueba la voluntad y capacidad de las autoridades mexicanas para abordar las violaciones graves de derechos humanos.

tres años y medio las familias de las víctimas han luchado por su derecho a conocer qué les ocurrió a sus seres queridos. Insto a las autoridades mexicanas a garantizar la búsqueda de la verdad y la justicia en el caso Ayotzinapa y a llevar ante los tribunales a los responsables de las torturas y otras violaciones de derechos humanos perpetradas durante la investigación”, declaró el Alto Comisionado Zeid.