El achicamiento del TPP11

Como parte de los esfuerzos de diversificación, el 4 de febrero de 2016, el gobierno de Peña Nieto firmó el Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (TPP), después de un largo periodo de cinco años de negociaciones secretas.

Hay que recordar que este acuerdo fue promovido por los Estados Unidos con el propósito de contrarrestar el importante crecimiento de China como actor relevante del comercio mundial.

El TPP significaba un mercado potencial de 816 millones de personas y representaba el 36% del PIB mundial, el 25% de las exportaciones y el 34% de las importaciones.

Cuando Trump tomó posesión de la presidencia de los Estados Unidos, firmó un decreto por el cual ese país se retiró del TPP, por lo que en la práctica se canceló, ya que se había establecido que para que entrara en vigor se requería de la ratificación por los países que representaran por lo menos el 80% del PIB. Sólo los Estados Unidos representan el 62%, por lo que sin este país el TPP no sería viable.

Los 11 países restantes decidieron continuar con las negociaciones sin Estados Unidos. Indudablemente que la salida de este país implica un achicamiento sustancial del Tratado. El mercado potencial se reduce a cerca de 500 millones de personas y ya sólo representaría 13% del PIB mundial, 13% de las exportaciones y 14% de las importaciones.

El nuevo tratado, TPP11, fue negociado a partir de noviembre de 2017 y ya fue firmado en Santiago de Chile. Las negociaciones incluyen modificaciones a algunos capítulos del tratado previo. Dentro de ellas destaca que ahora sólo se requiere de la firma y ratificación de 6 de los 11 países para que entre en vigor.

Tanto la firma del TPP11, como la renegociación del TLCAN son llevados a cabo, en el caso de México, por un gobierno que está en su recta final, con los peores niveles de aprobación en la historia y que da constantes muestras de debilidad frente al gigante del norte.

En este contexto, es preciso atender las voces que plantean que la renegociación del TLCAN debe posponerse para el momento en que México cuente con un nuevo gobierno.