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Uso faccioso de impartición De la Justicia en México

5 mar 2018
2 min de lectura

En México, es indudable que quienes están al frente del gobierno federal utilizan las instituciones del Estado para satisfacer sus propios beneficios e intereses. Ya sea para enriquecerse ilícitamente a través del desvío millonario de recursos públicos, o para encabezar persecuciones políticas.

El uso faccioso de la impartición de justicia revela el interés de la administración de Enrique Peña Nieto y su partido por intervenir en la contienda electoral. Ante dicho abuso de poder resulta imposible permanecer indiferente.

No obstante, es necesario recordar y subrayar que, en efecto, todo apunta a que Ricardo Anaya ha cometido un delito de lavado de dinero. Las pruebas que lo implican en la compra de un terreno y la construcción de una nave industrial en Querétaro, como elementos de una red de lavado de dinero en las que intervienen empresas «fantasma» y diseñada por el empresario Manuel Barreiro, no dejan lugar a dudas acerca de su reputación y su forma de operar políticamente. Los vídeos filtrados en los que Anaya aparece celebrando la boda del susodicho, días después de desconocerlo públicamente, dan muestra de su estatura moral. Su incapacidad para defenderse ante las acusaciones se suma al acorralamiento y a la soledad a la que sus partidarios lo han condenado. ¿Será acaso, indefendible?

Es curioso que los pocos que ahora claman por solidaridad con Ricardo Anaya, hayan sido los verdugos y cómplices del proceso de desafuero contra Andrés Manuel López Obrador en 2005. Basta recordar el comunicado de la Secretaría de Gobernación que Santiago Creel leyó con relación al desafuero: “permitamos todos que la ley siga su curso”. Mientras estuvieron en el poder, utilizaron las instituciones en contra de sus oponentes políticos de la misma forma que el gobierno en turno las utiliza en su contra.

Sea rojo o azul, el uso faccioso de las instituciones es absolutamente condenable y se debe erradicar. Para lograrlo, debemos derrotar electoralmente a ambas facciones del grupo en el poder que así piensan y así actúan. Que el destino de la contienda electoral no sea determinado por la acción gubernamental. La salud de la democracia mexicana está en juego.

 
 
 

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