Analizan la problemática de la Crianza en las prisiones y los Derechos humanos de niños

La doctora Patricia Lucila González Rodríguez, exprocuradora de Justicia del Estado de Chihuahua e investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, explicó que es oportuno trabajar en una sociedad individualizada pero que piense en los demás, esto con el fin de concientizar y sensibilizar a la población ante sectores vulnerables. Propuso crear un código penal único para todo el país que sancione los delitos realmente graves.

También urgió a que dentro del Sistema de Justicia se trabaje en un proyecto de vida para los presos, ya que el sistema penitenciario sigue rezagado y los internos sufren toda clase de violaciones a sus derechos humanos; se necesita una reingeniería de las instituciones, abundó.

“Se debe trazar una línea transversal de políticas públicas que mejoren la calidad de vida de los internos”, finalizó.

A su vez, Lilia Mónica López Benítez, magistrada integrante del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito y presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, dijo que aunque las mujeres y hombres son iguales ante la ley, esta igualdad es de carácter formal y no es suficiente, por lo que se debe aspirar a buscar una igualdad real y sustantiva en los hechos.

Respecto de los niños que viven con sus madres en las prisiones, dijo que las condiciones son poco salubres para los menores, por lo que urgió a atender la problemática de manera específica y las necesidades pertinentes de cada persona.

Entre otras cosas, mencionó que se necesitan instalaciones idóneas como: un lugar limpio, baño propio, servicio médico especializado y personal capacitado en relación con el bienestar de la infancia, ya que actualmente el personal no tiene la sensibilidad para darle el trato digno a este sector en reclusión.

Finalmente, Miguel Sarre, profesor del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), destacó que el Nuevo Sistema de Justicia Penal no puede omitir la parte de la ejecución penal, toda vez que el objetivo es hacer valer la impartición de la ley con un debido proceso; aunado a que es oportuno capacitar al ministerio público y profesionalizarlo.

Consideró que los jueces de ejecución deben estar bien informados y consientes de los derechos humanos de las personas recluidas, garantizándoles servicios básicos de calidad, como es alimentación, dormitorios, baños y servicio médico, entre otros.