Uso discrecional recursos

El conflicto entre el gobierno de Chihuahua y la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en torno al pago de tres convenios por 780 millones de pesos ha puesto en el debate nacional una de las causas más importantes de la corrupción en el sector público; la discrecionalidad en el ejercicio del gasto por parte de la autoridad hacendaria.

Esta es una oportunidad para exigir un cambio profundo en los mecanismos de asignación y control sobre el gasto público, particularmente los que rigen al Ramo 23 del Presupuesto de Egresos de la Federación.

La Secretaria de Hacienda tiene la capacidad para aprobar una gran cantidad de recursos adicionales y modificar los presupuestos aprobados y asignados, mediante el Ramo 23 (Previsiones Salariales y Económicas) y a través de las adecuaciones presupuestales.

Estos mecanismos colocan a la SHCP en una posición de poder y privilegio, desde la que puede usar políticamente los recursos públicos de manera unilateral y arbitraria para premiar o castigar a los aliados o adversarios del gobierno en turno.

Tenemos un sistema con reglas laxas y poco claras, en donde los pesos y contrapesos que deberían existir en un sistema democrático quedan anulados.

Los usos y costumbres de la Secretaría de Hacienda son una herencia vigente de nuestro pasado centralista, donde el Ejecutivo Federal tenía facultades legales y extralegales para doblegar a los poderes regionales.

En una democracia funcional sería de esperar que el Congreso de la Unión exigiera a la SCHP una explicación sobre las enormes variaciones entre el dinero presupuestado y el efectivamente ejercido. La débil rendición de cuentas del Poder Legislativo sobre el ejercicio de la bolsa presupuestal, pone en duda el cabal funcionamiento de la división de poderes en nuestro país.

Para recobrar el equilibrio de poderes es necesario abrir un debate sobre las reformas legales necesarias que frenen el uso discrecional, político y electoral del presupuesto. A ese efecto exhortamos a los legisladores a convocar al Secretario de Hacienda a una comparecencia con el fin de explicar los detalles del uso que se ha hecho de los recursos del Ramo 23.

Al mismo tiempo, es necesario que los gobernadores asuman su responsabilidad en el cobro de impuestos, dejando atrás la “pereza fiscal” que los ha caracterizado; que asuman su compromiso con el ejercicio transparente de los recursos y: que se sometan ellos mismos a los controles y supervisión que exigen al gobierno federal.