Urge y debe esclarecer las Violaciones de autoridades

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), condena los hechos violentos ocurridos en la comunidad de La Concepción, Acapulco (Guerrero), en los que fallecieron 11 personas, lamenta la terrible pérdida de vidas y llama a su completo esclarecimiento. Asimismo, la ONU-DH repudia las agresiones contra los periodistas que cubrían estos hechos. Según la información recabada por la ONU-DH, durante la madrugada del 7 de enero se produjeron enfrentamientos en la comunidad de La Concepción en los que fallecieron ocho personas en circunstancias todavía inciertas. Posteriormente, durante un operativo policial, tres personas más fallecieron y 38 fueron detenidas. La ONU-DH, en colaboración con la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, se entrevistó con autoridades, personas detenidas, periodistas agredidos, pobladores de la comunidad y organizaciones de la sociedad civil. A partir de la documentación realizada, la ONU-DH cuenta con fuertes elementos de convicción sobre la existencia de violaciones de derechos humanos cometidas por parte de fuerzas de seguridad durante el operativo, las cuales resultan profundamente preocupantes. Se recibió incluso información sobre la comisión de actos de tortura y malos tratos, falta de respeto por el derecho a la defensa, fabricación de pruebas en contra de algunas personas detenidas, allanamientos sin orden judicial y condiciones indignas de detención. Adicionalmente, la ONU-DH considera profundamente preocupantes las agresiones en contra de periodistas por parte de fuerzas de seguridad, en particular contra Bernardino Hernández, quien incluso tuvo que ser hospitalizado dada la gravedad de sus lesiones. También resulta preocupante el robo del material gráfico.

Estos hechos no sólo constituyen un obstáculo a la libertad de expresión y al derecho de la ciudadanía a obtener información independiente y plural, sino también podrían representar un intento de ocultar o destruir evidencias de graves violaciones de derechos humanos.

Además, resulta preocupante la inacción de las autoridades para garantizar la protección de los periodistas que fueron amenazados mientras cubrían hechos posteriores en la misma comunidad, a pesar de las medidas cautelares por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). La Oficina se suma al llamado de la CNDH para que las autoridades competentes garanticen que la labor periodística se pueda realizar sin obstáculos y con seguridad. Resulta alarmante que, de acuerdo con la información recabada, el operativo no se llevó a cabo con base en los estándares internacionales sobre uso de la fuerza. Jan Jarab, Representante de la ONU-DH en México, añadió que “todas las muertes deben ser investigadas, incluidas las que se produjeron durante el operativo policial, ya que de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos, toda muerte producida por la actuación de funcionarios públicos debe ser investigada para esclarecer completamente sus circunstancias.

Únicamente una investigación, profesional, independiente, efectiva e imparcial podrá esclarecer los hechos y ofrecer justicia a las familias de las víctimas.” La ONU-DH recuerda que la investigación de todas las muertes causadas por funcionarios públicos debe realizarse de acuerdo a estándares internacionales, incluido el Protocolo de Minnesota[1], particularmente relevante en casos donde existan alegaciones de ejecución extrajudicial. Jan Jarab subrayó que “además, el mensaje emitido ayer por el gobierno del estado de Guerrero presenta una narrativa de los hechos violatoria de la presunción de inocencia de las personas detenidas y no aporta ninguna garantía de que una investigación independiente e imparcial esté siendo llevada a cabo.

Es preciso mencionar que esta Oficina efectivamente visitó a las personas detenidas, pero no emitió ninguna opinión respecto al estado en que se encontraban, y contrariamente a las declaraciones de las autoridades de Guerrero, sí se pudieron constatar condiciones indignas de detención y otras violaciones a sus derechos.

Asimismo, es innegable que diversos periodistas fueron atacados por elementos de fuerzas policiales al cubrir los hechos y esto también debe ser investigado. La agresión en contra de Bernardino Hernández es particularmente grave.”

La ONU-DH desea expresar su preocupación por la situación general de seguridad en La Concepción y llama a las autoridades a adoptar las medidas necesarias para garantizar condiciones de seguridad adecuadas para todas las personas de la comunidad. Igualmente, las autoridades deben asegurar las condiciones de seguridad de las personas detenidas y de sus familiares, a los abogados y personas y organizaciones defensoras de derechos humanos que trabajan actualmente en torno al caso. [if !supportLineBreakNewLine] [endif]